La ley bajó la edad a 14 años, pero las provincias no recibieron "ni un peso" para aplicarla
Jueces de distintas provincias advirtieron que la nueva ley les exige infraestructura y equipos técnicos, pero no les giró fondos para aplicarla. Uno de los magistrados fue lapidario con el reparto de recursos.
El IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil reunió a más de 1.800 profesionales en el Centro de Convenciones de Salta, en jornadas que concluyeron este viernes y que pusieron el foco en los desafíos del Régimen Penal Juvenil, la nueva ley, la justicia restaurativa y la salud mental.
El encuentro sirvió como escenario para que jueces y especialistas de distintas jurisdicciones expusieran sus reparos sobre la implementación de la reforma. Dos magistrados que pasaron por el móvil de Radio LUP Salta resumieron las principales objeciones: la falta de fondos para las provincias y la extensión del juzgamiento a delitos menores.
La advertencia de una jueza chaqueña
La presidenta de JuFeJus y jueza de la Corte de Chaco, Emilia María Valle, destacó la gran concurrencia al congreso y subrayó que los tratados internacionales deben prevalecer por encima de las reformas legislativas locales.
"Cualquier diseño legislativo que hubiera, siempre debe primar en la interpretación y aplicación del Régimen lo que surge de la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares internacionales", sostuvo Valle.
La magistrada también puso el foco en el alcance de las nuevas disposiciones y manifestó su inquietud por la extensión del juzgamiento a infracciones menores: "El problema de esta ley es que, además de bajar la edad de 16 a 14 años, incluye todos los delitos y eso es complejo", advirtió.
"Ni un peso" para las provincias
El juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, hizo hincapié en las dificultades presupuestarias que afrontan las administraciones provinciales para aplicar la norma. Según planteó, la legislación exige infraestructura y nuevos perfiles técnicos, pero no destina fondos para las jurisdicciones del interior.
"La ley fue muy generosa con la billetera de las provincias, pero no le dio ni un peso para poder implementar esta ley", afirmó el magistrado catamarqueño.
Morabito también reflexionó sobre la distancia entre los índices delictivos juveniles de las provincias y las realidades del conurbano bonaerense. "En momentos tan difíciles e incómodos para la República Argentina, la mejor forma de incomodar es con Constitución y tratados internacionales, y de eso no se puede abstraer nadie", concluyó al defender las garantías fundamentales.
