“La ley ampara más al victimario”: la familia del subcomisario Trujillo volvió a reclamar justicia
La causa sigue paralizada y el acusado goza de permisos que la familia considera un agravio. Hay un dato sobre la situación actual del imputado que enciende la indignación.
Con pancartas y fotos del subcomisario Gabriel Trujillo, sus familiares se concentraron este lunes en la plazoleta del Gorosito para exigir que avance la causa por su muerte y denunciaron que el imputado goza de beneficios que consideran injustos.
“Lamentablemente la ley ampara más al victimario que a las víctimas”, expresó Julio Trujillo, padre del oficial de la Policía de Santa Cruz que falleció el 2 de junio, días después de ser atropellado en la Ruta 12.
El subcomisario, de 39 años, circulaba en moto desde Caleta Olivia hacia Cañadón Seco para cubrir un servicio adicional en una empresa privada cuando fue embestido por detrás por un Volkswagen Polo, según la denuncia. El conductor fue identificado como Ezequiel Alonso.
La causa, paralizada y con beneficios para el imputado
La familia denunció que el expediente sigue paralizado en el Juzgado de Instrucción a cargo del doctor Marcos Pérez Soruco y que Alonso obtuvo permisos de traslado, incluso para viajar a Comodoro Rivadavia, además de encontrarse en libertad y trabajando.
“No hay respeto hacia la memoria de mi hijo”, manifestó Julio, quien llegó desde Piedra Buena para sumarse a la protesta. También estuvieron la esposa de la víctima, Gabriela Guzmán, su hermana Lorena Trujillo y varios policías que fueron sus camaradas.
El padre aseguró que quedó probado que Alonso manejaba bajo los efectos del alcohol y cuestionó que se le otorguen autorizaciones con el argumento de que “está implicado solo en una causa sobre lesiones por accidente de tránsito”, mientras que la causa principal continúa bajo la figura de homicidio culposo agravado.
Por eso, la familia reclama que se aplique la pena máxima y que se modifique la legislación para evitar que situaciones similares se repitan. Además, pidieron ser escuchados por el juez y la fiscalía para conocer bajo qué normativa se concedieron los permisos.