La Legislatura porteña aprobó la Justicia laboral local: qué falta para que empiece a funcionar

La Ciudad avanza con la transferencia de la Justicia laboral, pero la puesta en marcha del nuevo fuero todavía tiene un paso pendiente. ¿Cuándo empezará a funcionar?

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La Legislatura porteña aprobó la Justicia laboral local: qué falta para que empiece a funcionar
La Legislatura porteña aprobó la Justicia laboral local: qué falta para que empiece a funcionar

La Legislatura porteña aprobó el traspaso de la Justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad, un paso clave en el reclamo de autonomía que sostiene desde la reforma constitucional de 1994. La votación cerró con 36 votos a favor, 20 abstenciones y solo dos en contra, en un recinto que volvió a exponer las diferencias políticas en torno a la gestión de Javier Milei.

El convenio de transferencia había sido firmado el 9 de febrero por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, junto al Jefe de Gabinete de la Nación, y luego recibió el respaldo del Congreso en el marco de la ley nacional 27.802 de reforma laboral.

Qué cambia con el nuevo fuero

Desde el Ejecutivo de la Ciudad defienden la medida con la promesa de una justicia más ágil y adaptada a las nuevas dinámicas del empleo. "La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas", explicó Tapia.

El funcionario de la administración macrista agregó que la estructura judicial local "está pensada para que los conflictos laborales no sean un freno al desarrollo productivo de la Ciudad, dando respuestas rápidas y oportunas tanto para los trabajadores como para quienes generan empleo".

La medida se inscribe en los cambios que impulsa el gobierno nacional para modificar un tribunal que, en la práctica, suele fallar a favor de los trabajadores.

Cuándo empieza a regir

La implementación del nuevo fuero no será inmediata. El texto del convenio establece que su entrada en vigencia queda condicionada a la firma de un acuerdo posterior que deberá definir el traspaso de partidas y recursos económicos para financiar los nuevos tribunales laborales.

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