La Legislatura les exige papeles para escucharlos: la cifra que dejó en offside a los legisladores

La Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura de Jujuy condiciona la atención de los referentes comunitarios a que presenten personería jurídica emitida por el Ejecutivo, una exigencia que dejó afuera del recinto a los representantes de asentamientos ancestrales que tienen sus trámites en curso.

La protesta se hizo visible durante la mañana de este miércoles, mientras el cuerpo legislativo desarrollaba su reunión ordinaria. Según denunciaron los manifestantes, desde una secretaría dependiente del Ejecutivo se remitió un listado que restringe el acceso únicamente a las entidades con personería jurídica, dejando fuera a los referentes de comunidades que aún no completaron ese trámite administrativo.

La denuncia de Rodero

El presidente de la comunidad de Rodero, David González, encabezó la presentación y cuestionó que el cuerpo parlamentario acate directivas que, según planteó, vulneran el derecho de audiencia de los ciudadanos.

"La comisión fue creada para responder sobre el respeto a la identidad, las demandas territoriales y la prevención ante la discriminación. Nos exigen carpetas y requisitos burocráticos cuando ellos mismos se manejan notificando por mensajes de texto. Nos están separando entre quienes tienen papeles y quienes no", expresó el referente técnico territorial.

Desde el sector recalcaron que la Constitución garantiza que cualquier ciudadano o referente comunitario debe ser recibido por los legisladores para exponer sus necesidades, sin que la falta de un trámite administrativo impida la consulta previa e intercultural.

Los números que expusieron en la protesta

Durante la manifestación se dieron a conocer cifras sobre la situación de los pueblos originarios en suelo jujeño. De acuerdo a los registros que expusieron las comunidades, sobre un total de 350 comunidades registradas en la provincia, solo 180 cuentan con el relevamiento técnico terminado y apenas 70 poseen el título de propiedad comunitario firmado.

"Estos números demuestran la morosidad del propio Estado. Hay un retraso histórico en la entrega de títulos y ahora utilizan esa misma falta de papeles para dejarnos afuera y no escucharnos en el recinto", concluyó González.

Caspalá: expulsión denunciada y persecución institucional

También presente en el reclamo, Lidia Balcarce, referente de la comunidad indígena de Caspalá, denunció haber sido expulsada de manera arbitraria junto a otros vecinos por la actual conducción comunitaria. Según señaló, la medida responde a represalias por los reclamos territoriales, causas judiciales pendientes y el rechazo a intereses extractivistas.

Calificó la situación como un acto de "discriminación terrible" y un avasallamiento flagrante a los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales.

"Nos están todo el tiempo hostigando, quizás porque nos quieren callar por la causa que ya venimos [...] Lo más grave es que pusieron a analizar a hermano por hermano de cada comunidad, violentando hasta nuestros estatutos. No vamos a dar un paso atrás porque se nota bien clarito que esta señora fue impuesta por el gobierno", enfatizó Balcarce.