Janina Ortiz tenía la chance de sentarse frente a sus pares y dar su versión. Eligió no hacerlo. Ahora la comisión ya emitió el dictamen y la Legislatura define su salida: la banca espera a una dirigente del PRO.
La Cámara de Diputados de Mendoza tiene todo listo para resolver el destino de Janina Ortiz. La comisión de Derechos y Garantías emitió el despacho del expediente que propone su exclusión de la Legislatura y habilitó el debate en el recinto, donde la definición quedó agendada para el próximo miércoles.
La diputada está suspendida y ya tiene una condena penal firme en su contra. Con el dictamen de la comisión, el trámite legislativo entró en su etapa decisiva.
No se presentó a defenderse
Ortiz había sido convocada a la comisión para presentar su descargo. Sin embargo, decidió no asistir y envió un escrito a través de su abogado, José Raúl Burela Yanchina, en el que comunicó que no haría uso de la posibilidad de ejercer su defensa ante sus pares.
Con ese escenario, los integrantes de la comisión dieron curso al trámite durante la reunión de este lunes. El despacho se votó por unanimidad y pasará al recinto para su tratamiento.
Qué dice el proyecto de resolución
El documento que llegará al recinto dispone la exclusión de Ortiz con base en las facultades del Artículo 91 de la Constitución Provincial y por haber perdido las condiciones de idoneidad y elegibilidad previstas en el Artículo 65 del mismo texto.
La medida se fundamenta, según el expediente, en la sentencia penal dictada por la Justicia de Mendoza: "se condenó a la nombrada a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, al ser hallada penalmente responsable de los delitos de peculado (cuatro hechos en concurso real), uso de documento público falso (en concurso real) y coacciones".
Además de la exclusión, el proyecto declara vacante la banca y convoca a su reemplazante.
Quién ocuparía el lugar
Con la banca vacante, se notificará a la Junta Electoral de la Provincia para que indique quién debe ingresar según el orden de lista, para su posterior incorporación y juramento de ley.
Ese lugar le correspondería a María Belén Castillo, dirigente del PRO y exaliada de La Unión Mendocina (LUM). Castillo figura como sucesora tras el fallecimiento del reconocido dirigente del Partido Libertario José Caviglia, quien la precedía en la lista de candidatos de la Primera Sección electoral en los comicios de 2023.
El reclamo por la dieta, rechazado
La comisión también declaró "improcedente el reclamo manifestado en relación al cobro de acreencias laborales y dietas correspondiente, ratificando en todos sus términos la resolución N° 1135/24; aprobada por la H. Cámara de Diputados, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales".
Ortiz había anticipado que sostendría su acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Allí cuestionó la resolución legislativa que dispuso su suspensión sin goce de dieta en marzo de 2024. Según su planteo, esa medida vulneró su presunción de inocencia, el debido proceso y sus derechos políticos, porque fue apartada de sus funciones sin contar entonces con una sentencia.
La causa de fondo
El proceso legislativo se puso en marcha después de que Ortiz fuera condenada por hechos de corrupción a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Llegó a esa instancia mediante un juicio abreviado junto con el exintendente Daniel Orozco.
Ambos reconocieron ante la Justicia su responsabilidad penal en la causa relacionada con el destino de más de $35 millones transferidos a la cooperativa Manos a la Obra para realizar trabajos de limpieza que, según la acusación, no se habrían concretado en las condiciones pactadas. La pareja firmó un acuerdo judicial para evitar un juicio oral.
El resto de los acusados deberá afrontar un debate común. Entre ellos se encuentran el subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, señalado como coautor, y el jefe de Licencias de Conducir, Hernán Mostaccio; el agente municipal Juan Pablo Pandolfi; el subdirector de Contaduría, Daniel Herrera; y el contratado Adrián "Moco" Pérez, todos estos últimos señalados como partícipes necesarios.
