La Legislatura debatió el fondo educativo: qué dijeron los que quieren cambiarle las fuentes

El Gobierno provincial defendió ante la Legislatura el proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Fueguino, pero la reunión de la Comisión de Educación dejó en claro que el texto todavía está lejos de tener consenso. Funcionarios del Ejecutivo y legisladores de distintos bloques se cruzaron por las fuentes previstas para sostener el nuevo esquema, los nuevos gravámenes y la afectación de recursos que hoy van a los municipios.

Por el Gobierno participaron la secretaria de Coordinación del Ministerio de Educación, María Fernanda García, y el ministro de Economía, Alejandro Barrozo. La postura oficial es que la iniciativa busca dar “previsibilidad y estabilidad” a los recursos educativos mediante un sendero de inversión que llegue al 7,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en un máximo de cinco ejercicios fiscales.

Las metas y el fondo que se propone crear

El proyecto fija metas progresivas del 4,50%, 4,95%, 5,70%, 6,60% y 7,80% del PBG. Ese recorrido podría suspenderse si el PBG real es nulo o negativo, o si caen en términos reales los recursos de coparticipación o de recaudación provincial.

Además, crea un Fondo de Financiamiento Educativo con una distribución mínima preestablecida: al menos el 50% para fortalecimiento salarial docente, un 25% para infraestructura escolar y un 15% para equipamiento tecnológico y recursos didácticos.

El punto que traba la discusión

Las diferencias más duras aparecieron al analizar de dónde saldría la plata. Entre las fuentes se contemplan modificaciones tributarias y una detracción del 0,5% de la recaudación de Ingresos Brutos antes de su distribución secundaria, lo que reduciría la masa que después se coparticipa a los municipios.

García rechazó que la propuesta pueda resumirse como un “impuestazo” y sostuvo que el tratamiento legislativo permitirá revisar las fuentes y modificar el texto.

Cambios que también pide el oficialismo

Dentro del propio oficialismo surgieron propuestas para modificar el proyecto. Federico Sciurano planteó eliminar las fuentes vinculadas al Banco de Tierra del Fuego, la distribución de gas y la detracción sobre los recursos coparticipables a los municipios. Como alternativas mencionó recursos del revalúo inmobiliario rural, empresas estatales y futuros desarrollos productivos.

Federico Greve defendió la necesidad de fijar una política de financiamiento educativo de largo plazo, aunque admitió que las fuentes y las alícuotas pueden revisarse durante el debate.

Las críticas de la oposición

Desde otros bloques los cuestionamientos fueron más profundos. Luciano Selzer (LLA), presidente de la Comisión de Educación, señaló que el fondo tendría carácter complementario y reclamó conocer cómo se usan hoy los recursos educativos antes de avanzar con nuevas cargas tributarias.

Pablo Villegas (MPF) estimó que las fuentes previstas aportarían unos 10 mil millones de pesos anuales y sostuvo que el 50% destinado a salarios representaría aproximadamente el 1,26% de la masa salarial docente.

Su par de bancada, Damián Löffler, que no participó de la reunión de comisión, pidió directamente que el proyecto enviado por el Ejecutivo con tratamiento de urgencia sea remitido al archivo y que se siga trabajando sobre las iniciativas de financiamiento educativo que ya estaban en análisis en la Legislatura. Cuestionó que la propuesta busque recursos mediante mayor presión sobre los contribuyentes, un incremento del costo del gas y la afectación de fondos coparticipables a los municipios.

“No podemos resolver un problema generando otros tres”, sostuvo, y afirmó que “el esfuerzo no puede recaer siempre sobre los mismos”.

María Laura Colazo (PV) pidió analizar el proyecto artículo por artículo para evitar mayores cargas sobre los contribuyentes y cuestionó la falta de una instancia previa de búsqueda de consensos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Matías Lapadula (PG), reclamó precisiones sobre cuánto recaudarían las nuevas fuentes, el impacto sobre los municipios y la determinación del PBG que servirá de referencia para las metas de inversión.

María Victoria Vuoto (PJ) planteó la necesidad de contar con herramientas presupuestarias que permitan sostener una política educativa de largo plazo y mencionó el impacto de la eliminación de programas nacionales.

Qué pasa ahora

El debate continuará el próximo martes en una reunión conjunta de las comisiones de Educación y Presupuesto, donde se analizarán las metas de inversión, las fuentes propuestas y su impacto y sostenibilidad.