La Justicia tumbó un contrato millonario: el oscuro secreto que escondía la empresa

Un fallo judicial confirmó la nulidad del contrato de estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán, tras descubrirse que la empresa concesionaria ocultaba una situación legal que la inhabilitaba para contratar con el Estado. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán pone fin a un conflicto que mantuvo en vilo el ordenamiento del tránsito en la capital y abre el camino para un nuevo sistema.

El tribunal rechazó el recurso de casación presentado por la unión transitoria de empresas Tecno Agro Vial, ratificando así la sentencia que había declarado la nulidad absoluta del vínculo contractual. Según los magistrados, la firma no cumplía con los requisitos legales mínimos para contratar con el Estado.

¿Qué ocultaba la empresa concesionaria?

La investigación judicial reveló un dato crucial: la empresa se encontraba en estado concursal al momento de presentarse a la adjudicación en 2021. Esta situación violaba expresamente el Pliego de Bases y Condiciones, que prohíbe la participación de firmas en esa condición legal.

Para el tribunal, esta omisión no fue un simple error formal, sino una falta sustancial que afectó directamente la legalidad de todo el contrato desde su origen. La Corte consideró que se trataba de un vicio que invalidaba todo el proceso de contratación.

Un reparto económico que despertó sospechas

El fallo también cuestionó severamente la razonabilidad económica del acuerdo. Durante el breve período de funcionamiento del sistema, la empresa se quedaba con el 85% de la recaudación total, mientras que el municipio de San Miguel de Tucumán percibía apenas un 15%.

Esta distribución desproporcionada de los ingresos fue otro elemento que contribuyó a que la Justicia declarara ilegal y arbitraria la concesión otorgada durante la gestión municipal anterior. Los magistrados analizaron minuciosamente los términos económicos del contrato antes de llegar a su decisión.

¿Qué validó la Corte Suprema?

La resolución judicial confirmó que la concesión estuvo viciada desde su inicio y validó todos los planteos realizados en un amparo colectivo. Este recurso legal había sido impulsado por organizaciones civiles, la Defensoría del Pueblo y distintos sectores directamente afectados por la implementación del sistema.

Con esta decisión firme, la Corte marcó un límite claro en materia de contrataciones públicas, subrayando la importancia fundamental de la buena fe y el cumplimiento estricto de todas las condiciones legales por parte de las empresas que buscan prestar servicios al Estado.

¿Qué viene ahora para el estacionamiento?

La resolución despeja completamente el panorama para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que ahora podrá avanzar con un nuevo proceso licitatorio para implementar un sistema regularizado de estacionamiento medido. Este nuevo proceso deberá realizarse bajo reglas consideradas válidas por la Justicia.

De esta manera, se cierra definitivamente un capítulo judicial que generó numerosas controversias y se abre una nueva etapa para redefinir cómo se organizará el estacionamiento en las calles de la capital tucumana. Las autoridades municipales deberán ahora diseñar un sistema que cumpla con todos los requisitos legales y que sea económicamente razonable para la comunidad.