La justicia tucumana tomó una decisión inédita con un menor y su madre: “No se puede exigir un cuidado efectivo”

Un fallo judicial innovador suspendió el juicio a un adolescente y, en un giro inesperado, ordenó al Estado brindar asistencia psicológica a su madre. La resolución, que aplica una perspectiva restaurativa, busca atacar las causas familiares que derivaron en un conflicto penal por tentativa de robo, trascendiendo la mera sanción individual.

El magistrado Federico Moeykens, titular del Juzgado Penal de Niñas, Niños y Adolescentes, dictó la suspensión del juicio a prueba por un año. Durante este plazo, el joven imputado tiene la obligación de finalizar sus estudios escolares y realizar tareas comunitarias en una fundación.

Un tratamiento integral más allá del acusado

El fallo también ratificó la continuidad del tratamiento de rehabilitación del adolescente en el Centro de Adicciones del Hospital Avellaneda. Este proceso será supervisado de cerca por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF), asegurando un seguimiento integral.

Sin embargo, el aspecto más destacado de la sentencia surgió tras la audiencia. Allí, la madre del menor realizó un “crudo relato” ante el juez, donde manifestó una profunda crisis en su rol materno y reconoció su incapacidad para acompañar a su hijo.

El pedido de ayuda de una madre desbordada

La mujer argumentó ante la justicia que carecía por completo de las herramientas técnicas necesarias para lidiar con los efectos de las sustancias psicoactivas en el entorno del hogar. Expresó su desesperación y la imposibilidad de manejar la situación diaria.

Ante esta declaración, el juez Moeykens tomó una decisión que marca un precedente. Ordenó la intervención inmediata del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) para que le proporcione a la progenitora el abordaje terapéutico y la asistencia técnica que urgentemente requiere.

Los fundamentos de una sentencia histórica

La resolución se fundamenta en instrumentos jurídicos de peso. Se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 18 impele al Estado a auxiliar a los padres en sus funciones de crianza.

También se alinea con la Ley 26.061 de Protección Integral y las Reglas de Brasilia sobre vulnerabilidad. Bajo esta óptica, el magistrado entendió que la recuperación del adolescente es indisociable del fortalecimiento de su núcleo familiar primario.

En sus considerandos, el juez fue contundente: “el restablecimiento de los derechos del adolescente es inseparable del fortalecimiento de su centro de vida y de su entorno familiar primario”. Agregó que “no se puede exigir un cuidado efectivo si el Estado no proporciona primero el soporte psicológico y psicoeducativo necesario a los responsables de dicha guarda”.

Con este abordaje interdisciplinario, la Justicia tucumana busca garantizar el interés superior del niño mediante el empoderamiento de su familia. El fallo reconoce que el soporte estatal es el primer paso indispensable para una tutela judicial que sea realmente efectiva y transformadora.