La Justicia tomó una decisión con la policía acusada de amenazar a un nene con un arma en un acto escolar

La Justicia de San Juan sobreseyó de forma total y definitiva a la oficial ayudante Shirli Yoselin Flores, quien estaba imputada por el presunto delito de coacción agravada. La causa investigaba un supuesto episodio ocurrido durante un acto escolar en la Escuela Eusebio Zapata, en 9 de Julio.

La denuncia que dio origen al expediente la presentó la madre de un nene de 11 años. Según ese escrito inicial, la funcionaria policial se habría acercado al chico en la zona de los sanitarios y, después de sacar un arma de fuego de un bolso, lo habría amenazado verbalmente para que dejara de molestar a sus hijas.

Las contradicciones que pesaron en la causa

El dictamen de la fiscal Daniela Pringles, a cargo de la UFI Genérica, sostuvo que la imputación no se podía mantener por incompatibilidades fácticas en la evidencia. Los puntos más flojos aparecieron al comparar los dichos de la denunciante con la testimonial del menor en Cámara Gesell.

La mujer había asegurado que la imputada vestía uniforme policial y llevaba un bolso verde claro. El nene, en cambio, declaró que la mujer estaba de civil y con una mochila negra. Los testimonios de las autoridades escolares y de las madres presentes en el predio respaldaron la versión de la ropa de civil: además, coincidieron en que la oficial no llevaba bolsos y que estuvo todo el tiempo en el sector del público.

El relato también se debilitó en otros tramos. El menor había mencionado a la portera de la institución como testigo presencial de la escena, pero cuando la empleada declaró ante la fiscalía negó que el episodio hubiera existido.

A eso se sumó el resultado de un allanamiento en la casa de la imputada: los peritos secuestraron el arma reglamentaria 9mm y una mochila lila, que tampoco coincidía con las descripciones que se habían incorporado al expediente.

Sin videos ni pruebas de respaldo

Como no había registros fílmicos ni otros elementos que corroboraran la acusación, el Ministerio Público Fiscal aplicó el principio in dubio pro reo. Con la defensa técnica de la defensora oficial Sandra Leveque, el juzgado interviniente dispuso el cierre definitivo de las actuaciones.