La Justicia sumó tres detenciones en la megacausa por estafas inmobiliarias
Si pensabas que la causa por las estafas inmobiliarias ya había dado todo, la Justicia sumó tres detenciones más. Ya son 10 los detenidos y la red sigue ampliándose.
La megacausa por presuntas estafas inmobiliarias que investiga al grupo Márquez y Asociados sumó tres nuevas detenciones. Se trata de tres mujeres que habrían formado parte de la trama delictiva y que fueron capturadas en procedimientos simultáneos.
Por orden del fiscal de Delitos Complejos del Primer Turno, Enrique Gavier, fueron arrestadas Laura Nicolina Stancov (45) e Inés María Gutiérrez Lascano (48) en sus domicilios de la ciudad de Córdoba. La tercera detenida es Florencia Gisel Páez (32), quien fue aprehendida en la localidad de Copina, cuando circulaba en un Fiat Palio por la Ruta Provincial E-34.
Las tres están imputadas como presuntas coautoras del delito de “asociación ilícita”, en calidad de miembros. Con estas capturas, ya son 10 las personas privadas de la libertad en el marco de esta causa que investiga maniobras que habrían perjudicado a cientos de familias cordobesas.
Una estructura que se amplía
La investigación, que avanza sobre una red societaria cada vez más amplia, apunta a una serie de operaciones millonarias que, según las denuncias, dejaron a cientos de familias sin la casa propia. Los damnificados aseguran haber entregado sus ahorros para la compra de unidades habitacionales y lotes en distintos emprendimientos que nunca se concretaron.
Entre los detenidos ya se encontraban los presuntos líderes de la maniobra: Ariel Hernán Márquez y Juan Pablo Márquez, gerentes de la empresa desarrollista, junto a José Matías Márquez y Lucas Alberto Márquez. También habían sido aprehendidos Ramiro Nieva, Fabio Roberto Ferrari y Gerardo Wenetz.
Una causa de gran repercusión
La instrucción de esta causa es considerada uno de los procesos por defraudación y estafas inmobiliarias más complejos y de mayor repercusión pública en la provincia. El expediente acumula cientos de denuncias de particulares que invirtieron sus ahorros en proyectos que nunca vieron la luz.
Las resoluciones del fiscal Gavier, respaldadas luego por el Juzgado de Control y la Cámara de Acusación de Córdoba, consolidaron la hipótesis de que detrás de la fachada comercial operaba una asociación ilícita destinada a captar fondos de manera fraudulenta.
