La Justicia se pronunció sobre el futuro del rector de la UNT y el dictamen sorprendió a todos

Un dictamen del Ministerio Público Fiscal generó un giro inesperado en la causa iniciada por dirigentes opositores en la Universidad Nacional de Tucumán. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz consideró que no corresponde avanzar con el planteo que buscaba impedir una eventual candidatura del actual rector, Sergio Pagani, al entender que no existe un caso concreto que habilite la intervención judicial.

La opinión técnica, elevada al juez interviniente quien deberá resolver en definitiva, sostiene que la vía elegida por los demandantes no es procedente. Según el dictamen, no se verifica un “caso” judicial concreto que justifique la acción presentada.

¿Quiénes impulsaron la demanda?

La acción fue promovida por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, en su carácter de candidatos a rector y vicerrectora de la UNT. Los dirigentes opositores presentaron una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la universidad, solicitando que se interpreten los artículos 17 y 190 del nuevo estatuto universitario.

En su presentación, pidieron específicamente que se establezca que Sergio Pagani no puede presentarse a un nuevo mandato, al considerar que implicaría una tercera gestión consecutiva. Además, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de cualquier eventual candidatura del actual rector.

¿Qué argumentó el fiscal?

El fiscal Vehils Ruiz fue contundente en su análisis: los actores “no lograron acreditar la existencia de un acto real, actual o inminente que afecte sus derechos”. En su dictamen, explicó que el planteo se basa en hipótesis futuras más que en situaciones concretas.

Uno de los puntos centrales del argumento es que “no existe una candidatura formalizada de Sergio Pagani”, ni una decisión de la autoridad electoral universitaria que haya admitido o rechazado su eventual postulación. El fiscal indicó que el planteo se apoya en “rumores”, declaraciones públicas o versiones periodísticas, lo que configura una situación hipotética.

¿Por qué consideró que no hay legitimación?

El Ministerio Público también evaluó que “no está acreditada la legitimación activa de los demandantes”. Según el dictamen, el supuesto perjuicio invocado es eventual y depende de hechos futuros e inciertos, como la efectiva postulación de Pagani, su eventual oficialización y su impacto en el proceso electoral.

El fiscal advirtió que la acción declarativa no puede utilizarse para evacuar consultas abstractas o preventivas, sino que requiere la existencia de una controversia real entre partes con intereses jurídicos contrapuestos, condición que en este caso no se verificaría.

¿Qué pasa con la medida cautelar?

Los demandantes habían solicitado una medida cautelar para impedir que la UNT tramite o oficialice listas que incluyan postulaciones de autoridades con dos mandatos consecutivos cumplidos. Sin embargo, el fiscal sostuvo que este pedido tampoco puede prosperar.

La razón es que se trata de un pedido accesorio que carece de sustento si la acción principal no es admisible. El dictamen propició el rechazo “in limine” de toda la acción, es decir, sin ingresar al análisis de fondo del planteo sobre la posibilidad de una tercera gestión.

Por estos motivos, el fiscal concluyó que “no se reúnen los requisitos para que avance la acción” presentada por los dirigentes opositores. La decisión final ahora recae en el juez federal interviniente, quien deberá resolver si convalida el criterio del Ministerio Público o adopta una postura diferente.

Esta causa se inscribe en la previa de las elecciones universitarias de este año en la Universidad Nacional de Tucumán, marcando un precedente importante sobre cómo la Justicia aborda este tipo de controversias políticas dentro de las instituciones académicas.