La Justicia se mantiene firme: vuelve a negar la libertad a la funcionaria imputada en el crimen de Érika Álvarez

Un nuevo intento de la defensa por liberar a Justina Gordillo, acusada de encubrir el femicidio de una joven tucumana, fue rechazado por la Justicia. Los fiscales advirtieron que los riesgos de que obstruya la investigación son ahora incluso mayores. La mujer permanecerá en la cárcel de Delfín Gallo.

La jueza Isolina Apás Pérez de Nucci resolvió este miércoles 25 de marzo mantener la prisión preventiva de Justina Gordillo (48). La decisión desestimó un nuevo pedido de su defensa, que solicitaba su libertad o, en su defecto, el arresto domiciliario.

¿Por qué la Justicia dijo que no?

Durante la audiencia, la postura del Ministerio Público Fiscal fue contundente. La auxiliar fiscal Carolina Brito argumentó que los riesgos procesales “no solo se mantienen, sino que se incrementan”. Sostuvo que, de recuperar la libertad, Gordillo podría alterar u ocultar pruebas clave para la causa.

La querella, representando a los familiares de la víctima, se adhirió a estos argumentos. La magistrada, al fundamentar su resolución, destacó la gravedad del caso –un femicidio– y remarcó que el accionar que se le atribuye a la imputada no fue pasivo. “Se trata de una participación activa en el encubrimiento”, señaló.

Los cargos que pesan sobre la acusada

Justina Gordillo está imputada por el delito de encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real. La acusación incluye agravantes por la gravedad del hecho precedente (el homicidio), ánimo de lucro y su condición de funcionaria pública.

Ella se encuentra detenida en el penal de Delfín Gallo desde el 10 de febrero, luego de ser vinculada a la investigación por el hallazgo del cuerpo sin vida de Érika Antonella Álvarez (25). El macabro descubrimiento se produjo el pasado 8 de enero en un basural de la zona de Manantial Sur.

La hipótesis fiscal: una trama de ocultamiento

La Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, construyó una línea de investigación que involucra directamente a Gordillo. Según la acusación, tras el crimen ocurrido en la madrugada del 7 de enero, la imputada se presentó en reiteradas oportunidades en la vivienda de su pareja, Felipe Sosa, en Yerba Buena.

Allí habría permanecido durante varias horas entre ese día y el 8 de enero. La Fiscalía sostiene que Gordillo colaboró activamente en el ocultamiento del cuerpo, de la camioneta utilizada y de otros elementos de prueba. Además, habría asistido en la fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires.

El móvil económico también es clave en la imputación. Se le atribuye haber actuado con ánimo de lucro, adquiriendo una motocicleta a su nombre y recibiendo poderes para realizar operaciones bancarias y administrativas vinculadas a empresas del principal acusado.

En esta compleja causa también se encuentran detenidos Felipe Sosa (50), Nicolás Augusto Navarro Flores (37) y Jorge Orlando Díaz (40). Este no es el primer revés para la defensa de Gordillo, ya que un planteo similar fue rechazado por la Justicia apenas semanas atrás.