La Justicia sanjuanina volvió a desestimar la denuncia contra la fiscal Claudia Salica por los dólares del allanamiento

La titular de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, quedó otra vez al margen de las sospechas por el presunto extravío de algo más de 12.000 dólares durante un allanamiento en un domicilio particular. La UFI de Delitos Especiales confirmó el rechazo a la presentación en su contra y el archivo de las actuaciones.

La denuncia la había impulsado el presunto afectado, con el patrocinio de los abogados Néstor "Roly" Olivera y Marcelo Sández Luján, apuntando tanto a la fiscal como a sus auxiliares tras el procedimiento que Salica encabezó. El caso pasó primero por una investigación preliminar del fiscal Nicolás Schiattino y después por una revisión pedida por la querella, que terminó con el visto bueno del coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi, al archivo y a lo actuado.

Por qué la Justicia descartó las irregularidades

El escrito de la fiscalía de revisión fue duro al marcar que no había indicios objetivos de ningún delito ni irregularidad durante la medida. Uno de los puntos centrales fue el origen de la acusación sobre un monto mayor al asentado: se apoyaba únicamente en registros contables privados aportados por los denunciantes, sin respaldo frente a las actas oficiales firmadas en el operativo.

También pesó la declaración bajo juramento de dos testigos civiles independientes, convocados en la vía pública durante el procedimiento. Ambos ratificaron que el cofre de seguridad se manipuló a la vista de todos y que el dinero fue fajado e ingresado de inmediato a la caja en el propio lugar del hecho.

Cadena de custodia y firma digital, los otros ejes de la resolución

La resolución subrayó que la cadena de custodia se preservó por completo. La apertura y el conteo del sobre en la sede de la UFI se hicieron con registro fílmico continuo y con el abogado defensor y familiares presentes. En esa diligencia se verificó que las fajas, llaves y sobres seguían intactos, y el monto coincidió exactamente con lo resguardado durante el allanamiento original.

El escrito también descartó cualquier anomalía en la incorporación posterior de la firma digital de la fiscal, ya que su presencia física en el procedimiento quedó probada por cámaras y testimonios.

En las conclusiones, la fiscalía de revisión remarcó que impulsar acciones penales contra magistrados o personal policial a partir de simples discrepancias personales choca con el principio de intervención mínima del derecho penal y con el estado constitucional de inocencia que ampara a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.