La Justicia rechazó dos demandas millonarias contra Campo Santo: qué decía la letra chica

La Municipalidad de Campo Santo logró dos fallos favorables en los juicios que le iniciaron por supuestas deudas por materiales de construcción adquiridos durante la gestión de Josefina Pastrana, en 2021. Las demandas fueron presentadas por Solange Soto Verón y Hugo Adolfo Narváez y, según informó el municipio, la Justicia las rechazó.

El intendente Ignacio Taché y el asesor legal del municipio, Rubén Darío Paz, brindaron una conferencia de prensa para detallar los argumentos que llevaron a esas resoluciones. Según explicaron, los reclamos carecían de la documentación necesaria para acreditar las operaciones.

Sin firmas ni remitos: el argumento central

Paz fue tajante al describir las pruebas presentadas por los demandantes. "Las facturas no tenían firmas ni remitos. No había constancia de que se hubiera entregado mercadería alguna ni de quién la recibió", señaló el asesor legal.

El abogado también puso el foco en el tiempo transcurrido: cuestionó que los demandantes hayan esperado tres años para reclamar el pago de una supuesta deuda inicial de $24 millones.

De acuerdo con su relato, el conflicto se activó en 2024, cuando el municipio fue convocado a una instancia de mediación para intentar resolver las presuntas deudas. Tras analizar la documentación presentada, la asesoría legal decidió rechazar los reclamos al considerar que no existían pruebas suficientes de las entregas de mercadería.

Embargos y montos en juego

Las demandas tuvieron un impacto concreto en las arcas municipales: derivaron en embargos sobre cuentas bancarias utilizadas para pagar sueldos y sobre vehículos municipales, lo que generó dificultades financieras durante 2024.

Según detalló Paz, uno de los juicios alcanzaba los $35 millones y el otro reclamaba $75 millones. Ambos tuvieron resoluciones favorables al municipio, que fueron confirmadas en instancias superiores.

El asesor legal explicó que, al considerar los montos que podrían haberse acumulado y las costas judiciales, el municipio evitó afrontar una obligación que estimó en unos $250 millones.

Qué pasó con cada demanda

En el caso de Soto Verón, la resolución favorable permitió levantar las medidas cautelares que pesaban sobre los bienes municipales. En cuanto a la demanda de Narváez, la Cámara confirmó el rechazo dispuesto en primera instancia, lo que significó otro resultado favorable para la comuna.

El intendente Taché sostuvo que los fallos permitieron defender los recursos públicos y adelantó que la Municipalidad no descarta iniciar acciones judiciales contra los demandantes por los perjuicios ocasionados.

"Querían cobrar una deuda que no existía. Por suerte, hoy la Justicia nos dio la razón", afirmó el jefe comunal.