La Justicia ratificó la investigación contra Alberto Fernández por violencia de género

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó este miércoles la validez de la causa por presunta violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, impulsada por la denuncia de su expareja Fabiola Yáñez. El tribunal rechazó el pedido de nulidad de la defensa, aunque ordenó nuevas pruebas antes de definir la situación procesal del exmandatario.

Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah firmaron la resolución y coincidieron en que no hay fundamentos para invalidar lo actuado. Sin embargo, por mayoría, le pidieron al juez Daniel Rafecas que incorpore ciertas pruebas solicitadas por la defensa y que habían sido rechazadas durante la instrucción.

¿Qué delitos se le imputan a Alberto Fernández?

La investigación, a cargo del fiscal Ramiro González, ya cuenta con un requerimiento de elevación a juicio oral. La acusación sostiene que Fernández habría cometido dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por el vínculo, el abuso de poder y las amenazas coactivas en perjuicio de Yáñez.

La causa por violencia de género surgió a partir de otra investigación sobre irregularidades en la contratación de seguros del Estado. En el teléfono de la exsecretaria presidencial María Cantero se hallaron conversaciones que daban cuenta de agresiones de Fernández hacia Yáñez, lo que motivó la acción penal. En febrero de 2025, el juez Julián Ercolini procesó a Fernández por lesiones leves reiteradas en dos oportunidades y lesiones graves, agravadas por amenazas coactivas; la Cámara Federal confirmó luego ese procesamiento.

La estrategia de la defensa y el fallo de la Cámara

La abogada Silvina Carreira, defensora de Fernández, pidió la nulidad de todas las actuaciones durante la instrucción de Ercolini, quien fue apartado del caso por la Cámara Federal de Casación Penal. El argumento era que las pruebas estaban “contaminadas” y que su exclusión debía arrastrar el procesamiento, el embargo y otras medidas.

Rafecas ya había rechazado ese planteo en abril, señalando que el apartamiento de Ercolini fue solo para despejar dudas sobre su imparcialidad y que Casación ratificó la validez de los actos procesales. Retrotraer la investigación, dijo, “supondría un desgaste jurisdiccional innecesario y contrario al principio de celeridad”.

La Cámara Federal respaldó ese criterio. Los magistrados recordaron que Casación dispuso el apartamiento “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. También advirtieron que retrotraer el proceso “revictimizaría” a la denunciante y destacaron que la causa fue examinada por distintos fiscales y tribunales, que confirmaron la legalidad del procedimiento.

Sin embargo, Boico y Farah encomendaron a Rafecas evaluar nuevas pruebas de la defensa antes de definir la situación procesal de Fernández. Esto implica que el expediente no será elevado de inmediato a juicio oral.