La Justicia que mira al río: el fallo que transforma la relación entre el hombre y las lagunas de Resistencia
¿Qué pasó con la laguna Francia-Altabe? Un fallo judicial que declara a un ecosistema como sujeto de derecho y enciende el debate sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Los detalles del caso que podría cambiar la justicia ambiental en el Chaco.
El juez Civil y Comercial del Chaco, Julián Fernando Benito Flores, encendió la polémica al defender un nuevo paradigma judicial que pone a los ecosistemas en el centro de la escena. En el ciclo de charlas «La ciudad que habitamos», el magistrado presentó el caso de la laguna Francia-Altabe como un antes y un después en la protección ambiental de la provincia.
La resolución judicial no solo frenó un emprendimiento inmobiliario, sino que declaró a la laguna como sujeto de derecho. Un cambio de mirada que, según Flores, obliga a repensar la relación entre el ser humano y la naturaleza.
¿Qué pasó con la laguna Francia-Altabe?
El conflicto se originó cuando vecinos y propietarios linderos a la laguna Francia-Altabe, en Resistencia, denunciaron movimientos de suelo y la instalación de una estructura vinculada a un proyecto inmobiliario de la empresa Patagonia Construcciones.
Según relató el magistrado, la firma había intentado antes obtener autorización judicial para avanzar con el emprendimiento, pero el proyecto carecía de estudios básicos. «No tenían nada, ni estudio de impacto ambiental, ni el mínimo estudio de manejo del riesgo», afirmó Flores durante su exposición.
Ese primer amparo fue rechazado, pero la discusión continuó. Los vecinos presentaron una nueva acción judicial cuestionando la autorización municipal y reclamando la aplicación de la ordenanza 12.383/17, que establece restricciones para los propietarios de inmuebles adyacentes a las lagunas.
La normativa no solo busca preservar la capacidad de reservorio hídrico, sino también proteger el paisaje. «Esta cuestión excede solamente lo que es urbanismo o planificación urbanística. Involucra ambiente, riesgo hídrico, participación ciudadana y generaciones futuras», sostuvo el juez.
El ecosistema como sujeto de derecho
Uno de los puntos más innovadores del fallo es la consideración de la laguna Francia-Altabe como sujeto de derecho. Flores explicó que se trata de un enfoque ecocéntrico y biocéntrico, donde la naturaleza deja de ser un objeto de explotación para convertirse en un ente con valor propio.
«Ya no es más lo que el hombre puede hacer con él, sino que los ecosistemas valen de por sí», afirmó. Y agregó: «Como tiene condición de sujeto de derecho, tiene que ser protegido, conservado, mantenido, regenerado y restaurado ante el daño».
El magistrado citó como antecedente internacional la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, junto con su cuenca y ecosistemas asociados. Un ejemplo de cómo el derecho puede asumir un papel activo en la defensa de los ecosistemas.
La ausencia de un fuero ambiental
Flores fue contundente al señalar que «acá no existe el fuero ambiental en el Chaco». Ante esta falta, la acción de amparo se convierte en una herramienta clave para que ciudadanos, ONG y fundaciones puedan proteger el ambiente.
El juez planteó como desafío institucional avanzar hacia una justicia especializada: «Lo ideal sería llegar algún día a una Justicia que tenga solamente fuero ambiental». No obstante, aclaró que la ausencia de un fuero específico no impide que los jueces intervengan ante situaciones que afecten el entorno.
Prevención, precaución y equidad intergeneracional
La sentencia se sustentó en principios clave del derecho ambiental. El principio de prevención se aplica cuando hay certeza del riesgo: «Cuando tengo certezas, aplica el principio preventivo y actúo», explicó Flores. En el caso de la laguna, existían antecedentes de afectaciones a su capacidad de reservorio, construcciones y rellenos que justificaban medidas preventivas.
El principio precautorio, en cambio, entra en juego cuando no hay certeza científica absoluta sobre el daño. Y la equidad intergeneracional apunta a proteger el ambiente para las generaciones futuras.
El Acuerdo de Escazú y la participación ciudadana
Flores dedicó parte de su exposición al Acuerdo de Escazú, que garantiza acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia. «Por más que haya una autorización administrativa o municipal, nunca debe agotarse ahí el control ambiental que nos corresponde a todos realizar», sostuvo.
El juez resumió su criterio en una pregunta clave: «¿Qué puede soportar el ecosistema sin perder sus funciones esenciales?». Una pregunta que reemplaza a la tradicional sobre qué puede construir un propietario en su terreno.
Magnano y la planificación urbana frente al agua
La arquitecta Magnano, también presente en el ciclo, hizo un recorrido histórico por las inundaciones que marcaron a Resistencia. Recordó la inundación de 1905, cuando las casas antiguas conservaban escalones de acceso por la memoria del agua, y la de 1966, cuando se llegaba en lancha al centro de la ciudad.
El episodio más traumático fue en 1982, cuando la rotura del dique regulador por la crecida del Paraná (que alcanzó los 8,60 metros) inundó gran parte de Resistencia en apenas dos horas. Ese desastre impulsó las defensas actuales, que protegen a Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas.
Magnano explicó el complejo sistema de defensas: compuertas que se cierran cuando el Paraná crece, estaciones de bombeo que trasladan agua del río Negro al Paraná, y el dique de laguna Blanca, clave para derivar excedentes. También advirtió sobre la amenaza de El Niño y la necesidad de mantener en óptimas condiciones toda la infraestructura.
Aguirre Madariaga: proteger las defensas y planificar el futuro
Eduardo Aguirre Madariaga, agrimensor y especialista en gestión ambiental, fue otro de los expositores. Planteó que Resistencia se desarrolló durante más de un siglo sobre un territorio vulnerable, pese a las reiteradas señales de las crecientes. «Hace más de 100 años insistimos en vivir en un recinto», señaló.
Recordó crecientes históricas documentadas desde el siglo XVI, como la de 1537 y 1574, y mencionó estimaciones que ubicarían algunas marcas por encima de los 10,50 metros, superiores a la inundación de 1982. Para Aguirre Madariaga, «planificar el futuro es minimizar los riesgos».