La Justicia ordenó que los colectivos vuelvan a circular en San Juan

El Gobierno de San Juan presentó una medida cautelar y la Justicia ordenó que el servicio de transporte público vuelva a funcionar con normalidad en toda la provincia. La presentación fue ante el Primer Juzgado Civil, a cargo del juez Héctor Rollán, según confirmó la ministra de Gobierno, Laura Palma.

La información había sido adelantada por el jefe de Asesores del Ejecutivo provincial, Rodolfo Colombo, en diálogo con Radio Colón, y luego ratificada a este diario por la funcionaria. La cautelar busca que se cumpla la conciliación obligatoria y que las empresas retomen la actividad mientras sigue abierta la negociación entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el sector empresario por el reclamo salarial y la deuda que los trabajadores denuncian.

Audiencia sin acuerdo y servicio paralizado

La audiencia convocada para este jueves en la Subsecretaría de Trabajo arrancó a las 11.30 y continuaba desarrollándose al cierre de esta edición. Hasta el momento no se alcanzó un entendimiento que permita levantar la medida de fuerza, por lo que el transporte público seguía paralizado en todo el territorio sanjuanino.

Colombo cuestionó el impacto directo sobre los usuarios. Según planteó, "el mayor problema" es que los sanjuaninos quedaron "de rehén" de una disputa entre el gremio y las empresas.

El funcionario también apuntó a incumplimientos de la normativa laboral: señaló que la huelga fue sorpresiva, que se llevó adelante pese a que regía una conciliación obligatoria y que no se garantizó la prestación mínima de un servicio considerado esencial.

"El gremio tiene todo su derecho de hacer lo que tiene que hacer, pero los formalismos, la normativa y la ley hay que cumplirla", sostuvo.

Sanciones posibles y responsabilidad empresaria

En esa línea, Colombo advirtió que tanto las compañías como los trabajadores pueden quedar expuestos a sanciones, aunque puso el foco en la responsabilidad de los empresarios a la hora de asegurar el servicio. "El empresario tiene que garantizar el servicio esencial", afirmó, y mencionó que las penalidades podrían incluir multas y otras medidas previstas en la legislación.

El jefe de Asesores defendió además el esfuerzo económico de la Provincia para sostener el sistema. Recordó que la Nación dejó de aportar los fondos que durante años financiaron parte del costo del boleto y que hoy San Juan afronta el 100% de esos recursos.

A eso sumó el impacto del boleto estudiantil gratuito, una política que el Gobierno provincial considera clave para sostener la asistencia a clases. Según Colombo, esa medida permitió que un 23% de estudiantes se reincorporara a sus estudios y que prácticamente se terminara con la deserción escolar. "Todo eso la pone la provincia", remarcó.

Críticas a las concesiones y llamado al diálogo

Colombo también cuestionó a las empresas por tratarse de un servicio concesionado por el Estado. En su visión, la discusión económica con los trabajadores no las exime de cumplir las condiciones de la concesión, entre ellas la obligación de garantizar el servicio esencial y las guardias mínimas.

El funcionario hizo además una referencia política al origen de las concesiones del transporte y apuntó contra la prórroga por ocho años que recibieron algunas empresas durante la gestión anterior. "Alguno capaz que está devolviendo favores a un gobierno que se fue", dijo, aunque aclaró que no estaba afirmando que esa fuera la razón de la interrupción del servicio.

Más allá de las acusaciones y del reclamo salarial que originó el conflicto, Colombo insistió en que la prioridad del Gobierno es que el transporte vuelva a funcionar. "El Estado va a poner todo el esfuerzo, el diálogo y lo que tenga que hacer", afirmó.