La Justicia no les cierra la causa por los planes: ahora quieren saber cuánto pesa la condena

El Tribunal de Impugnación de Neuquén dio un paso más en la causa por la estafa con planes sociales y ordenó que se fije de manera urgente una audiencia para determinar la pena de los ex funcionarios provinciales involucrados. La decisión llega después de que ese mismo cuerpo revocara la absolución por asociación ilícita y los condenara por ese delito.

La sala, presidida por el juez Andrés Repetto y completada por las juezas Patricia Lupica Cristo y Estefanía Sauli, anuló ayer la resolución de un juez de garantías que había absuelto a los ex funcionarios. Ahora, la Oficina Judicial Penal de la Circunscripción Judicial Confluencia deberá designar un tribunal colegiado distinto al que hizo el juicio para que se concrete la nueva audiencia de determinación de la pena, ya con la nueva calificación legal.

El giro que cambió la causa

Los condenados por defraudación al Estado no habían sido considerados responsables de integrar una asociación ilícita en perjuicio de las arcas provinciales. Pero este año la causa tomó otro rumbo cuando la Justicia revisó la calificación.

El 20 de agosto pasado, el Tribunal de Impugnación —integrado por los jueces Mauricio Macagno, Federico Sommer y la jueza Liliana Deiub— resolvió la impugnación presentada por la fiscalía. Revocó la absolución por asociación ilícita y condenó a los imputados por ese delito. Por eso ahora se ordenó una nueva audiencia de determinación de la pena con un tribunal diferente.

Los recursos de las defensas

Frente a esa resolución, las defensas presentaron recursos de impugnación extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la defraudación y de impugnación horizontal por la asociación ilícita. Al mismo tiempo, pidieron que un juez de garantías suspendiera el plazo para ofrecer prueba para la cesura, sosteniendo que esta no debía realizarse hasta que se resolvieran las impugnaciones contra la condena por asociación ilícita.

El juez de garantías Juan Pablo Encina se declaró competente para intervenir, rechazó la suspensión de plazos y dispuso que se cumpliera lo resuelto por el Tribunal de Impugnación, avanzando con la determinación de la pena. Las defensas apelaron esa decisión ante otra sala del Tribunal de Impugnación.

Qué resolvió el Tribunal de Impugnación

En la audiencia de ayer, el Tribunal anuló lo resuelto por el juez de garantías, al entender que un juez de una instancia inferior carece de facultades legales para revisar o modificar lo decidido por el Tribunal de Impugnación.

Además, mantuvo íntegramente la resolución del 20 de agosto y ordenó a la Oficina Judicial adoptar, en un plazo perentorio, las medidas necesarias para concretar la audiencia de determinación de la pena. Esa resolución no constituye una decisión sobre los recursos presentados ante el TSJ contra la condena por asociación ilícita.

La estafa con los planes sociales

La causa investigó una presunta estructura montada para desviar fondos de planes sociales de la provincia. Según la acusación, se habría tratado de 9.303 operaciones irregulares, 8.708 extracciones con tarjeta por 125.412.400 pesos y 592 cobros de cheques por 27.970.300 pesos realizadas a nombre de beneficiarios que, en muchos casos, no existían o no habían autorizado los movimientos, mediante listados paralelos y cheques que terminaban endosados a personas ajenas a los planes.