La Justicia lo investiga por un aborto sin consentimiento: lo que resolvió el juez sobre su libertad

Rolando Alejo Olguín quedará bajo prisión domiciliaria durante 120 días mientras avanza la causa que lo señala por haber obligado a su expareja a ingerir una medicación que interrumpió un embarazo de casi ocho semanas, según la acusación fiscal.

La medida la dispuso el juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, quien tuvo por formulados los cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con aborto sin consentimiento. La resolución se conoció este lunes, al retomarse una audiencia que había empezado días antes.

Qué sostiene la Fiscalía

La investigación se centra en dos episodios ocurridos el 17 de agosto. La Fiscalía de Género Nº 2, a cargo de la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García, afirma que la mujer cursaba un embarazo de casi ocho semanas y había expresado su decisión de continuarlo.

Según la hipótesis fiscal, Olguín habría insistido para que lo interrumpiera y, durante la madrugada, la habría llevado por la fuerza hasta un baño, donde le habría colocado parte de la medicación debajo de la lengua. Horas más tarde, siempre de acuerdo con la acusación, habría repetido la maniobra.

Después, la mujer comenzó a sufrir dolores uterinos intensos y perdió el embarazo. Ese mismo día, mientras presentaba pérdidas de sangre, también habría sido agredida físicamente por Olguín en inmediaciones de la Comisaría Sexta.

Los informes médicos incorporados al expediente constataron lesiones en distintas partes del cuerpo. Una ecografía realizada al día siguiente determinó un aborto incompleto. La causa también reúne registros de la atención médica que recibió la mujer, material biológico preservado y otros elementos aportados por la Fiscalía.

La versión del imputado y de su defensa

En la audiencia, Olguín declaró y rechazó los hechos que le atribuye la Fiscalía. Aseguró que no la obligó a ingerir la medicación y sostuvo que ella no quería continuar con el embarazo. También negó haberla agredido cerca de la Comisaría Sexta y afirmó que, durante la relación, fue él quien sufrió situaciones de violencia.

Sus defensores, Alfredo García Garro y Diego Domínguez, concentraron buena parte de su planteo en la acusación por aborto sin consentimiento. Argumentaron que las evidencias reunidas hasta ahora no alcanzan para demostrar que Olguín la obligó a tomar la medicación.

También mencionaron una atención previa en un centro de salud y la documentación sobre la entrega del medicamento. Según la defensa, esos papeles indican que la mujer recibió información sobre el procedimiento y prestó su consentimiento para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

Los abogados pidieron la libertad de Olguín y argumentaron que tiene domicilio, trabajo y contención familiar. Como alternativa, plantearon la prisión domiciliaria y se mostraron dispuestos a cumplir los controles que disponga la Justicia.

Qué resolvió el juez

Montiveros Chada consideró que la Fiscalía presentó elementos suficientes para que la investigación avance bajo los delitos atribuidos, aunque remarcó que se trata de una etapa inicial y que ambas partes todavía pueden incorporar nuevas pruebas.

Entre las medidas por profundizar mencionó la información del centro de salud, entrevistas con profesionales médicos y otros elementos vinculados a los hechos.

El magistrado también respondió a los cuestionamientos de la defensa sobre el relato de la denunciante. Señaló que no corresponde descartar su versión en esta instancia y que deben contemplarse las posibles situaciones de vulnerabilidad del caso.

La Fiscalía había solicitado 120 días de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario, al advertir riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y un peligro para la mujer. El juez entendió necesario mantener una medida de coerción para resguardar la causa, pero consideró que esos riesgos podían controlarse sin enviar al imputado a la cárcel.

Por eso dispuso que Olguín cumpla los 120 días de prisión domiciliaria en la vivienda propuesta por su defensa, bajo los controles del organismo encargado de supervisar la medida.

Además, sigue vigente la prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante por seis meses, a una distancia mínima de 300 metros. La restricción alcanza también a las comunicaciones por teléfono, redes sociales o cualquier otro medio. El juez le advirtió al imputado que deberá permanecer en el domicilio y que incumplir la medida puede generarle consecuencias procesales.