La Justicia le puso un freno al Gobierno por las universidades y ahora preparan la quinta marcha federal

Tras una jornada de paro total, gremios y autoridades de las universidades nacionales definirán hoy y mañana los próximos pasos del plan de lucha, en reclamo del financiamiento que establece la ley y que incluye la recomposición de los salarios docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La Intersindical Universitaria de Misiones denunció que, en la última paritaria del martes, “el Gobierno nacional volvió a desconocer la Ley de Financiamiento Universitario”, al presentar una propuesta que, según el gremio, “no contempla la pérdida salarial acumulada, tampoco la actualización y el blanqueo de la garantía salarial, ni siquiera se limita a reconocer la inflación de los últimos meses, ofreciendo un infundado 3% para septiembre”.

Por eso, hoy y mañana se reunirán el Frente Sindical Universitario Nacional, el CIN y la FUA en el 96° Plenario de Rectoras y Rectores, para analizar la situación y resolver las próximas acciones. Desde CONADU ya adelantaron que propondrán una 5ª Marcha Federal Universitaria para fines de septiembre o inicios de octubre.

320 días de incumplimiento

La ley que actualiza los fondos para las universidades fue aprobada por insistencia en el Congreso y está próxima a cumplir 320 días de incumplimiento por parte del Ejecutivo, a pesar de que una medida cautelar vigente ordena ejecutarla de inmediato. “El Gobierno no puede seguir desconociendo una ley vigente hace más de 300 días”, señalaron ayer desde la Federación de Docentes de las Universidades.

Nuevo revés judicial

La Justicia rechazó este martes el segundo recurso del Poder Ejecutivo para suspender la cautelar que obliga a cumplir la ley. Además, le dio al Gobierno un plazo de tres días para presentar un informe documentado sobre los avances en la aplicación de la norma.

La Subsecretaría de Políticas Universitarias había argumentado que la situación comenzó a regularizarse con la firma de un acta acuerdo el 10 de junio, que estipulaba un 24,33% de suba salarial, partidas para hospitales universitarios, la actualización de una línea de becas y la reapertura de paritarias. Sin embargo, el juez federal Martín Cormick consideró que el Estado no acreditó que esas medidas hayan solucionado el conflicto y advirtió que “subsiste el riesgo” de que el deterioro se profundice por la demora en el cumplimiento de la ley.