La Justicia le puso un freno a un municipio bonaerense y lo obligó a explicar qué hace con la tasa vial

La pelea por el mal estado de los caminos rurales y el destino de la tasa vial sumó una nueva vuelta de tuerca, esta vez en Rojas, con un fallo que podría sentar precedente para otros distritos bonaerenses. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Junín hizo lugar al amparo de las entidades rurales y le ordenó al Municipio que entregue documentación sobre cuánto recauda y cómo gasta esos fondos.

La sentencia, firmada el jueves 3 de septiembre por el juez Juan Atilio Bazzani en el expediente JU-7887-2026, le da a la comuna 45 días desde la notificación para cumplir. El reclamo arrancó el 7 de mayo, cuando las filiales locales de la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina y Coninagro pidieron información formalmente, con el patrocinio del abogado Pablo Abdon Torres Barthe. Sin respuesta en el plazo administrativo, el 3 de agosto recurrieron a la Justicia.

Lo que querían saber no era solo el monto de la tasa. Buscaban reconstruir la relación entre lo que pagan los productores, lo que recauda el Municipio y lo que efectivamente se destina al mantenimiento de los caminos.

Qué tendrá que entregar el municipio

Según el fallo, la comuna deberá informar el costo que usa para calcular la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal, y la tasa por control de marcas y señales. La de Seguridad e Higiene quedó afuera: el juez la consideró ligada a la actividad comercial urbana.

También tendrá que detallar cuánto recaudó por esas tasas durante 2025 y 2026, y cuánto dinero recibió por coparticipación provincial o nacional y por otros fondos destinados a la red vial. Además, deberá precisar la superficie que atiende, la extensión de la red, las tareas realizadas en 2026 y si las hizo con recursos propios o con contrataciones externas.

El pedido alcanza incluso a la estructura para prestar el servicio: planta de personal afectada en 2025 y 2026, con sus salarios pero sin datos personales, y la maquinaria utilizada, con su estado, costos de reparación y mantenimiento, y la documentación que respalde esos gastos. La idea es poder reconstruir con números cuánto cuesta mantener la red vial, qué recursos entran y qué se hace con ellos.

La respuesta municipal que no convenció

Durante el proceso, el Municipio sostuvo que buena parte de la información ya estaba en su sitio web y que la ley de acceso a la información no lo obligaba a elaborar informes nuevos desde datos existentes. El juez no le dio la razón.

La sentencia habla de un comportamiento “claramente remiso” porque la comuna no respondió al pedido ni explicó que necesitara más tiempo. Bazzani entendió que la documentación que presentó durante el juicio —ordenanzas impositivas y presupuestarias— no contestaba los puntos centrales: matriz de costos, ejecución de lo recaudado, personal afectado y equipamiento. Para el magistrado, si responder requería relevar datos, el Municipio debía decirlo y pedir un plazo razonable, no omitir la respuesta.

Un problema que se repite

Lo que terminó en amparo viene de lejos. En mayo, cuando las entidades hicieron público el reclamo, el presidente de Federación Agraria Argentina Filial Rojas, Carlos Marveggio, describió el estado de los caminos como un problema “crónico”. Los productores venían denunciando dificultades para transitar con camiones y maquinaria, y advertían que el deterioro afectaba la cosecha, la siembra y la ganadería.

El propio Municipio publicó años atrás un diagnóstico durísimo: hablaba de una red de unos 1.170 kilómetros con caminos “abandonados, destruidos e intransitables en muchos casos”, maquinaria en condiciones deficientes o irreparables, y la necesidad de una reparación profunda, no solo mantenimiento.

El problema no es exclusivo de Rojas. Según Carbap, en la provincia de Buenos Aires hay unos 120.000 kilómetros de trazados rurales, y en 2024 el 58% —alrededor de 70.000 kilómetros— estaba en condiciones regulares o malas. Por esos caminos se transportan cada año más de 45 millones de toneladas de granos, unos 2.500 millones de litros de leche y más de nueve millones de cabezas de ganado.

“El estado de estos caminos no representa únicamente una dificultad para el sector agropecuario. También condiciona la conectividad, los servicios esenciales y la vida cotidiana de las comunidades rurales”, señaló el presidente de Carbap, Pablo Ginestet. Para el dirigente, “la verdadera causa del problema es la no afectación de los fondos para los caminos rurales, ya que la tasa vial es derivada a renta general en algunos casos y no afectada a resolver esta crítica situación”. Por eso, desde Carbap reclaman que las sociedades rurales locales puedan fiscalizar el destino de esos fondos.

Qué destino se le debe dar a los fondos de la tasa

La Ordenanza Fiscal municipal establece que por la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal, calles y caminos rurales debe pagarse una tasa. O sea, hay una vinculación normativa expresa entre el tributo y el servicio vial.

Por eso, el planteo de las entidades no es solo discutir si los caminos están mejores o peores. El punto es poder determinar, con información oficial, qué costo usa el Municipio para calcular la tasa, cuánto recauda y cómo ejecuta los recursos asociados a ese servicio.

En su sentencia, Bazzani sostuvo que conocer cómo se aplican las tasas que afectan al sector agropecuario permite controlar la gestión de los representantes públicos. Y determinó que la Municipalidad no brindó la información completa y que las entidades tienen derecho a acceder a esos datos.

Ahora deberán aparecer los números que permitan analizar qué pasó con los recursos. El municipio tendrá 45 días para informar cuánto recaudó, qué otros fondos ingresaron, qué superficie y extensión debe mantener, qué trabajos hizo, cuánto personal tiene afectado, qué salarios paga y qué maquinaria usa, además de los gastos de reparación y mantenimiento.

El uso de la recaudación deberá fundamentarse

El conflicto empezó con una pregunta concreta: qué pasa con el dinero que pagan los productores por las tasas. Ahora, por decisión judicial, esa pregunta tendrá que responderse con documentación. La información que entregue el municipio permitirá, por primera vez, poner en una misma ecuación recaudación, costos, kilómetros de caminos, trabajos realizados, personal, maquinaria y gastos.

Esa información ya no podrá quedar solo en ordenanzas o en lo publicado en internet: deberá ser completa, adecuada, veraz y oportuna. Allí se revelará el dato clave de esta disputa: no solo cuánto pagan los productores, sino cuánto vuelve efectivamente a los caminos rurales de Rojas. Porque se trata de una tasa, y eso exige una contraprestación en mantenimiento y reparación de la red vial. Un servicio esencial para que los productores puedan entrar y salir de sus casas, los chicos lleguen a las escuelas rurales y se traslade la producción agrícola y ganadera del partido.