La Justicia le puso un freno a la flota extranjera que pesca en Malvinas
¿Qué pasará ahora con las firmas argentinas señaladas en la causa? La cautelar alcanzó a las extranjeras, pero sobre las nacionales el juzgado tomó otra decisión.
La Justicia Federal de Río Grande dio un paso de peso en la disputa por la pesca en torno a las islas Malvinas. La jueza Mariel Borruto dictó una cautelar que obliga a las empresas extranjeras demandadas a abstenerse de capturar sin habilitación argentina, en una medida que abarca el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas del archipiélago hasta las 200 millas.
La resolución, fechada el 6 de noviembre, alcanza a doce compañías y grupos españoles y a siete estructuras hispano-isleñas que operan sin autorización nacional. La información fue difundida por la Fundación Agustina Lerena, la entidad que impulsa la causa.
Qué prohíbe la medida
La cautelar no se limita a la captura. También veda el procesamiento a bordo, los transbordos y las descargas, además del inicio de nuevas mareas, temporadas y la incorporación de embarcaciones. El alcance incluye tanto las operaciones directas de las sociedades como las que se realizan mediante buques propios, fletados o bajo su gestión.
Según lo publicado por el portal Pescare, entre las firmas comprendidas están Armadora Nores, Armadora Pereira, Chymar/Grupo Touza, Copemar, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro, Rampesca y WOFCO. A ellas se suman siete estructuras empresariales que vinculan capitales españoles con operadores de las islas.
Las demandadas deberán presentar, dentro de los diez días judiciales posteriores a la notificación, declaraciones juradas con documentación sobre embarcaciones, licencias, capturas, destinos comerciales, contratos y participaciones societarias. Además, tendrán que preservar los registros técnicos, comerciales y pesqueros vinculados con las operaciones investigadas.
El origen del expediente
La demanda que derivó en la cautelar fue presentada el 9 de octubre por la Fundación Agustina Lerena, que preside César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Salvador Barcesat. La entidad sostuvo que su investigación llevó dos años y que la presentación inicial comprendía alrededor de ochenta personas físicas y jurídicas.
El reclamo busca la recomposición del ambiente marino y el resarcimiento de los daños que la fundación atribuye a la extracción de 4.101.131 toneladas de productos pesqueros entre 1989 y 2025. Para calcular ese volumen, la parte actora se apoyó en estadísticas publicadas por la administración británica de las islas.
La valuación económica oscila entre USD 12.351 millones, a valores FOB, y USD 26.465 millones, a precios mayoristas. Se trata de estimaciones alternativas de las mismas capturas, sujetas a prueba y a determinación judicial. La presentación también reclama actualizaciones y otros conceptos vinculados con derechos de captura, tributos y obligaciones que, según la entidad, habrían correspondido a una explotación autorizada.
El planteo ambiental
Desde lo ambiental, la fundación sostiene que la explotación alrededor de Malvinas afecta poblaciones y recursos compartidos con otros sectores del Atlántico Sudoccidental. Según su planteo, los informes del INIDEP aportados a la causa respaldan la necesidad de evaluar esos efectos sobre especies como los calamares illex y loligo y las merluzas común y de cola.
Qué pasa con las empresas argentinas
Uno de los puntos centrales del expediente es la situación de las firmas nacionales. En la nómina pública de su presentación, Lerena identificó a Bricel, Estrella Patagónica y Conarpesa como empresas que tendrían vínculos con operadores pesqueros de Malvinas. También mencionó, por su presunta integración en la Asociación de Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca (ACEMIX), a Iberconsa de Argentina, Pesquera Santa Cruz, Pesquera Deseado, El Marisco, Pesquera Ceres, Pesantar/Newsan-Profand, Ulises Castagnaro y Vieira Argentina. Esos señalamientos son de la parte demandante y su naturaleza y alcance deberán probarse.
Para las compañías nacionales, el juzgado desestimó por ahora las cautelares solicitadas y les requirió a las autoridades pesqueras información sobre permisos, cuotas, declaraciones juradas y actuaciones administrativas. Por eso, la resolución difundida no dispone la caducidad de sus habilitaciones ni las incluye en la prohibición dirigida a las firmas extranjeras.
La eventual consecuencia sobre sus permisos depende de que se comprueben las relaciones prohibidas por el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca. Esa norma exige declarar la ausencia de determinados vínculos jurídicos, económicos o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas bajo jurisdicción argentina sin permiso nacional. El artículo 28 establece que, si se acredita el incumplimiento, caducan automáticamente los permisos, cuotas o autorizaciones correspondientes.
Una medida provisional
La cautelar es provisoria y seguirá vigente hasta que las empresas obtengan autorización argentina o exista una nueva decisión judicial. Su dictado no equivale a una sentencia sobre las responsabilidades ni acredita una paralización efectiva de la flota, cuya ejecución depende de las notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables.
