La Justicia le puso fecha límite al Gobierno: cinco días para cumplir con las universidades
Un juez le puso un plazo perentorio al Gobierno para cumplir con la ley que reclaman las universidades. Si no lo hace, deberá pagar una multa por cada día de demora. El conflicto, lejos de cerrarse, suma presión.
El Gobierno recibió un nuevo revés judicial por la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la norma en un plazo perentorio de cinco días y advirtió que si no lo hace aplicará multas diarias.
La decisión del magistrado responde a un reclamo de la parte actora, que verificó que la cautelar dictada en la causa no se estaba cumpliendo en su totalidad. Esa medida, según el fallo, se encuentra firme.
"En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora", indicó Cormick en su resolución.
El fallo ordena el "cumplimiento total" de la medida cautelar que exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, puntualmente en sus artículos 5 y 6. Esos puntos disponen sobre la recomposición de salarios para docentes y no docentes, y sobre las becas estudiantiles.
El reclamo que sigue abierto
Las universidades y los gremios docentes y no docentes sostienen su reclamo al Gobierno porque estiman que a los salarios se les adeuda una recomposición del 31,2%. La última oferta oficial fue del 3% en la paritaria, lo que derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre y en medidas de fuerza gremiales en demanda del cumplimiento de la ley.
Los paros ya comenzaron esta semana en distintas facultades de la UBA y continuarán de manera escalonada hasta la protesta de octubre, que tendrá epicentro en el Palacio de Tribunales.
La pulseada entre el Ejecutivo y el sector universitario suma así un nuevo capítulo judicial, mientras el reloj de los cinco días empieza a correr.