La justicia le puso fecha límite a la fiscalía en la causa por la mutual de constructores

La justicia le dio 90 días a la fiscalía para que decida si imputa o archiva la causa por la mutual de constructores. ¿Qué pasará con los investigados?

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La justicia le puso fecha límite a la fiscalía en la causa por la mutual de constructores
La justicia le puso fecha límite a la fiscalía en la causa por la mutual de constructores

El juez de garantías Raúl Aufranc decidió otorgar un plazo de 90 días al Ministerio Público Fiscal para que defina el futuro de la investigación por presunta administración fraudulenta en la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos. La medida fue adoptada en una audiencia tras el pedido de la defensa de uno de los imputados, que reclamó ponerle un tope a los tiempos procesales.

Qué se investiga en la mutual de constructores

La causa busca determinar si hubo irregularidades en el manejo económico y financiero de la entidad. Los peritos están analizando el circuito de ingresos y egresos de fondos, y también una serie de pagos a proveedores, a partir del cruce de información bancaria, balances y documentación contable que ya está en el expediente.

Los allanamientos realizados en enero dejaron un volumen importante de material secuestrado, que aún está siendo procesado. A eso se suman cinco dispositivos electrónicos que entraron a peritaje el pasado 10 de agosto y documentación que está en manos de Gendarmería Nacional.

La postura de la fiscalía y la decisión del juez

La fiscal del caso, Rocío Rivero, explicó que la investigación está en plena etapa preparatoria y que no se puede adoptar una decisión inmediata por la gran cantidad de evidencia pendiente de análisis. Sin embargo, el magistrado consideró que, a pesar de la complejidad del caso, es indispensable fijar un límite de 90 días para que la acusación resuelva si formula cargos o archiva las actuaciones, tal como establece el artículo 131 del Código Procesal Penal.

Además, Aufranc rechazó el pedido de la defensa para apartar a la querella, al considerar que es prematuro evaluar la condición de víctimas en esta instancia. También ordenó la restitución de pasaportes, actas del Registro Civil y otra documentación personal que fue secuestrada en los procedimientos iniciales, con un plazo de 15 días para su localización y devolución.

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