La Justicia le jugó en contra a Pichetto y le abrió la tranquera a un negocio millonario

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazó la medida cautelar que habían presentado Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para frenar el artículo 154 del DNU 70/2023, la norma que dio de baja la Ley de Tierras Rurales (26.737).

La presentación había llegado al juzgado después de que la Corte Suprema revocara la declaración de inconstitucionalidad contra ese artículo y considerara ilegítimo el reclamo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

El descargo de Pichetto

El presidente del bloque Encuentro Federal salió a expresar su malestar a través de la red social X: “Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe”.

El diputado también informó que el magistrado le dio al Gobierno un plazo de cinco días hábiles para responder antes de sacar una resolución definitiva. Pichetto había pedido que ese lapso se acortara a dos días.

Para el legislador, la cautelar buscaba evitar que las compras de tierras por parte de extranjeros se consoliden como derechos adquiridos. En ese marco, alertó sobre la posibilidad de adquirir inmuebles ribereños o con cuerpos de agua permanentes sin ningún tipo de restricción.

La oposición mueve sus fichas en el Congreso

En paralelo al revés judicial, legisladores de la oposición firmaron un pedido de sesión especial para el 15 de octubre. La idea es tratar el DNU 70/2023, además de otros temas vinculados a discapacidad y endeudamiento familiar.

Por ahora, la oposición no cuenta con el quórum necesario para derogar el decreto, aunque logró sumar adhesiones de bloques provinciales.

El camino del DNU

El DNU 70/2023, titulado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, salió en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2023. El Senado lo rechazó el 14 de marzo de 2024 con 42 votos en contra.

Ahora la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de definir si el decreto sigue vigente o si se deroga por completo, tal como lo establece la Ley 26.122.

El juez Alonso Regueira rechazó la medida interina que solicitamos para suspender los efectos del DNU que permite la venta de tierras a extranjeros sin límites y le dio al Gobierno cinco días hábiles para responder antes de resolver la cautelar. Pedí reducir ese plazo a dos días. Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe. Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación.

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 5, 2026