La justicia habilitó a la querella a imputar a dos ocupantes del auto en el crimen de Diego Cid

La querella por el homicidio de Diego Cid, ocurrido en febrero en Bariloche, logró que la justicia le permita continuar la investigación por su cuenta contra dos jóvenes que iban en el vehículo de los atacantes. La fiscalía los había desvinculado de la causa, pero ahora serán investigados por encubrimiento agravado.

En una audiencia que se extendió por más de una hora, el juez Ricardo Calcagno aceptó la conversión de la acción pública en privada, un mecanismo que le permite a la querella asumir la persecución penal de manera autónoma. La decisión fue resistida tanto por el fiscal jefe Martín Lozada como por el defensor de los imputados, Miguel Zeballos.

Quiénes son los nuevos imputados

Se trata de Marcos Barros y Alvaro Sala, dos jóvenes oriundos de Fernández Oro que viajaban en el auto junto a Luciano y Demis Castillo la noche del crimen. Según la imputación original, Luciano Castillo fue quien efectuó los disparos contra Cid, mientras que Demis conducía el rodado. La cita era para concretar una venta de drogas, pero terminó en tragedia.

La fiscal Sofía Ocampo había archivado la causa contra Barros y Sala a comienzos de agosto, al considerar que no tuvieron ninguna conducta reprochable. Esa decisión fue ratificada por Lozada, quien sostuvo que no existían elementos suficientes para ubicarlos como encubridores.

Sin embargo, los abogados de la querella, Horacio Brucellaria y Pablo Calello, cuestionaron el archivo y pidieron que se investigue el rol de ambos jóvenes. Según Brucellaria, las constancias del expediente indican que no solo estaban dentro del automóvil desde donde se efectuaron los disparos, sino que también colaboraron en la huida, ocultaron el arma, el vehículo y los teléfonos. "Sin su participación, el homicidio no podía llevarse a cabo", afirmó.

La pulseada en la audiencia

El fiscal Lozada no ahorró críticas a la pretensión de la querella. Aceptó que la querella tiene una participación autónoma en las causas penales, pero consideró que no puede obligar al Ministerio Público Fiscal a formular cargos contra personas que decidió no imputar. "Sería una vía de promoción originaria de persecución penal contra personas que el órgano constitucionalmente designado para imputar ha decidido no hacerlo", argumentó.

El defensor Zeballos coincidió con el fiscal y sostuvo que el archivo fue "ajustado a derecho", agregando que si la querella quería convertir la acción, debía "aportar pruebas".

En un momento de la audiencia, Ezequiel Cid, hermano de la víctima, tomó la palabra para descalificar al fiscal Lozada, a quien acusó de actuar como "subrogante" del defensor y pidió su apartamiento de la causa. El juez tuvo que llamarle la atención y pedirle que se expresara "con respeto", bajo advertencia de cortarle el micrófono.

Qué viene ahora

El juez Calcagno consideró que el archivo dispuesto por la fiscalía fue "prematuro" y que la querella tiene derecho a continuar la investigación, siempre que cumpla con los requisitos. No obstante, no otorgó un plazo adicional para investigar, como había solicitado Brucellaria. La querella deberá presentar resultados en los próximos 30 días.

De esta manera, la causa por el homicidio de Diego Cid suma dos nuevos imputados, aunque la investigación ahora estará en manos de la querella, que deberá demostrar la participación de Barros y Sala en el encubrimiento del crimen.