La Justicia frenó la expulsión de un perro en un country de Yerba Buena: ¿qué pasará con Chango?

Un conflicto en un barrio privado vuelve a poner sobre la mesa la regulación respecto a la tenencia de algunas razas de perros como mascota. Es el caso de “Chango”, un dogo argentino cuya permanencia en el country Cerro Azul, en Yerba Buena, terminó en manos de la Justicia.

La controversia nació cuando la administración del barrio intimó a sus dueños a retirar al animal en un plazo de 30 días, invocando una cláusula reglamentaria que prohíbe determinadas razas consideradas agresivas.

La pareja respondió con una acción de amparo en Tribunales, quienes cuestionaron la constitucionalidad de esa norma interna y solicitaron una medida cautelar para frenar cualquier intento de separar al perro de su hogar.

El expediente escaló rápidamente. El Juzgado Civil y Comercial Común de la V Nominación hizo lugar a la cautelar y ordenó al country abstenerse de retirar o disponer el retiro de Chango hasta que exista sentencia definitiva.

El caso no se limitó a una discusión administrativa. La presentación judicial sostuvo que el animal cumple además funciones de acompañamiento terapéutico para uno de los integrantes del grupo familiar. Según la demanda, la presencia del perro fue recomendada en el marco de un tratamiento por ansiedad y depresión, y su eventual separación generó un deterioro emocional.

El juez recogió esa argumentación y habló de “familia multiespecie”, una categoría jurídica cada vez más utilizada para reconocer vínculos afectivos entre personas y animales de compañía. En la resolución señaló que la convivencia con mascotas puede integrar la vida privada y familiar protegida por la Constitución. Se trata de un dato no menor: durante años, las mascotas fueron consideradas apenas bienes muebles dentro del derecho clásico. Hoy, parte de la doctrina y de la jurisprudencia empieza a tratarlas como seres sintientes con intereses propios.

Exigencias para la familia

La cautelar, sin embargo, no fue un cheque en blanco para los dueños del animal. El magistrado impuso condiciones estrictas para compatibilizar la permanencia del perro con la seguridad del barrio.

Entre otras obligaciones, ordenó mantener al animal dentro del perímetro de la vivienda con cerramientos adecuados; usar correa y bozal cuando transite por espacios comunes; acreditar entrenamiento periódico; cumplir con vacunación y controles sanitarios; y comunicar cualquier incidente al consorcio. En síntesis, la Justicia no desconoció la preocupación vecinal, pero entendió que existían alternativas menos gravosas que la expulsión lisa y llana del animal.