La Justicia Federal se metió en el caso León Marino: qué resolvió sobre el proyecto en Malvinas
Un juzgado federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la causa por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. La resolución reconoce la dimensión ambiental, territorial y de soberanía del conflicto, pero las medidas cautelares todavía no se resolvieron.
El Juzgado Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la acción preventiva de daño ambiental colectivo contra el proyecto hidrocarburífero "León Marino" (Sea Lion), que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum proyectan en la Cuenca Malvinas Norte.
La decisión, a cargo de la jueza Mariel Borruto, reconoce que el conflicto tiene una dimensión ambiental, territorial y de soberanía, y se conoce en paralelo con las medidas que anunció el Gobierno nacional sobre la actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas.
Por qué la Justicia Federal interviene
La resolución sostiene que existen razones de materia, territorio y jurisdicción internacional que justifican la intervención de la Justicia Federal argentina. Entre sus fundamentos, señala que el emprendimiento se ubica en aguas del Atlántico Sur y que una eventual afectación ambiental podría alcanzar recursos interjurisdiccionales por la dinámica oceanográfica y la conectividad de los ecosistemas.
El tribunal también consideró que la infraestructura proyectada —pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, líneas de flujo y risers— se emplazaría sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a jurisdicción marítima argentina.
Otro de los puntos centrales es que la controversia no se limita a lo ambiental: también involucra la defensa de la soberanía nacional como bien colectivo.
Quiénes intervienen y qué falta
La Justicia dispuso dar intervención a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través de la Fiscalía de Estado, y ordenó consultar el Registro Público de Procesos Colectivos.
La acción había sido presentada por el CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que pidieron medidas preventivas para impedir el inicio o la continuidad de las obras hasta que se cumplan los procedimientos ambientales correspondientes.
Por ahora, las cautelares solicitadas no fueron resueltas. La jueza difirió su tratamiento hasta que se cumplan requisitos procesales, entre ellos la presentación de documentación y verificaciones sobre la existencia de otros procesos similares.
El planteo judicial se había presentado días antes de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras vinculadas con la explotación de recursos en el área.
