La Justicia Federal escucha a los peritos de Caspalá: la querella va por sanciones penales

La disputa por las obras y el patrimonio de Caspalá vuelve este martes a la Justicia Federal con un escenario tenso: la querella que representa a la comunidad sostiene que el Estado provincial incumplió el convenio de reparación integral y anticipó que reclamará que se active la acción penal contra los funcionarios involucrados.

La abogada Silvina Llanes, representante legal de la querella, ratificó en diálogo con Radio 2 que el Ejecutivo provincial incurrió en un "manifiesto incumplimiento" del acuerdo, cuyos plazos originales ya vencieron, y le adjudicó mala fe procesal e impunidad.

Una obra sin proyecto final ni estudios de impacto

El argumento central de la querella se apoya en la inspección ocular que peritos de parte realizaron el pasado 28 de septiembre. Según Llanes, esa revisión dejó al descubierto que los trabajos en la zona arrancaron sin la documentación de respaldo necesaria.

"Han realizado una obra sin contar con absolutamente un proyecto de obra final, nunca se ha convocado a nuestros peritos, nunca nos han informado del inicio de obra y no hay un proyecto final que nos dé seguridad", aseveró la letrada.

Los informes técnicos del ingeniero y el arqueólogo de la querella, además, contradicen lo que el oficialismo presentó ante el sistema judicial federal. De acuerdo con esos reportes, en el territorio se registraron nuevos hallazgos sin el resguardo correspondiente y se avanzó con movimientos de suelo que comprometen la estabilidad del terreno y el patrimonio histórico.

La acusación por la interna de la comunidad

Llanes también apuntó contra la injerencia del gobierno provincial en la vida interna de Caspalá. Según su versión, en el tiempo que duró el conflicto se buscó demorar el proceso para "fraguar una presunta elección" destinada a reemplazar a la presidenta de la comunidad de origen por una conducción afín al Ejecutivo.

La letrada ubicó esa maniobra en la órbita de la Secretaría de Pueblos Indígenas y mencionó constancias firmadas por Mirta Cruz.

Se agotó la paciencia

El acuerdo que hoy la querella denuncia incumplido se había firmado hace más de un año con un objetivo claro: evitar que los funcionarios involucrados en la usurpación y la vulneración de derechos enfrentaran instancias penales directas.

Para Llanes, esa instancia de diálogo ya no da más resultados. "Nosotros como querella ya estamos un poquito cansados. Nuestra buena fe procesal siempre la hemos puesto, a diferencia del Estado provincial... Hoy nosotros vamos a pedir que se active la acción penal, porque si bien se suscribe este convenio para evitar que se responsabilice a los responsables directos, muestran una impunidad que no vamos a permitir", sentenció.

En la audiencia de este martes, los peritos técnicos expondrán formalmente las pruebas reunidas durante la inspección ocular. La querella pedirá sanciones severas por el incumplimiento de las mandas judiciales y que se garantice el respeto efectivo a los derechos ancestrales de la comunidad de Caspalá.