La Justicia Federal de Rosario audita 8 mil causas sospechadas de cajoneo

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso una auditoría integral sobre los Juzgados Federales N° 3 y N° 4, a cargo de los jueces Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque, respectivamente. La medida busca esclarecer un desfasaje de hasta 8 mil expedientes que quedaron sin resolver tras el paso al sistema acusatorio.

La decisión se formalizó mediante una acordada firmada por el presidente de la Cámara, Aníbal Pineda, y alcanza a los juzgados que estuvieron bajo la órbita de Vera Barros y de Bailaque, este último procesado por presuntos vínculos con el crimen organizado y actualmente bajo prisión domiciliaria.

El origen del desfasaje

Según detectaron las autoridades, el sistema informático del Poder Judicial (Lex 100) registra cerca de 8.000 causas del viejo sistema inquisitivo que todavía no fueron terminadas. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) identificó un paquete de 1.180 expedientes específicos, ingresados desde 2020 o 2021, que habrían permanecido sin movimiento en los juzgados y recién ahora comenzaron a ser derivados en masa a las fiscalías.

Plan de contingencia en dos etapas

Para determinar el origen de los números "fantasma" y el destino de los legajos frenados, la Cámara fijó un esquema de actuación inmediato. En una primera instancia, los secretarios de ambos juzgados tendrán un plazo de 48 horas para fundamentar la metodología con la que confeccionaron sus planillas estadísticas y adecuarlas a las directivas de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

Luego, la Cámara cruzará la información contable con la nómina de las 1.180 causas aportadas por el MPF, con el objetivo de auditar expediente por expediente.

Dos hipótesis bajo la lupa

Los investigadores del fuero manejan dos escenarios posibles. El primero apunta a la "inflación estadística": el mantenimiento artificial de causas ya cerradas para abultar el volumen de trabajo y evitar que el Consejo de la Magistratura reasigne personal hacia otros fueros.

La segunda hipótesis es más grave: el "cajoneo" deliberado de denuncias que nunca fueron notificadas a los fiscales ni sumaron un solo decreto de trámite. En este contexto aparece la figura de Bailaque, procesado por extorsión, cohecho y presunto favorecimiento a figuras del narcotráfico. La auditoría caso por caso buscará determinar si la parálisis de los expedientes fue producto de la negligencia o formó parte de una red de cobertura judicial que salpica al exmagistrado.