La Justicia dio marcha atrás con el juicio por el escándalo del propofol: qué falta revisar

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló el avance a juicio oral de la causa conocida como “Propofest” y ordenó que el expediente vuelva al juzgado de instrucción. La decisión alcanza al anestesiólogo Hernán Roberto Boveri y a la médica residente Delfina “Fini” Lanusse, ambos del Hospital Italiano, imputados por presunta administración fraudulenta de propofol.

El tribunal consideró que la investigación se cerró antes de tiempo. El motivo central: todavía no se analizaron los celulares secuestrados a los imputados, una prueba que, según los magistrados, podría modificar el grado de responsabilidad de cada uno en el presunto robo de medicamentos destinados a fiestas clandestinas.

Qué encontraron y por qué la causa sigue abierta

La resolución fue firmada por el juez de Casación Nicolás Grappasonno y dejó sin efecto una decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, que había rechazado el pedido de la fiscalía para completar medidas probatorias pendientes. Con este fallo, el expediente deberá permanecer en esa instancia antes de que pueda avanzar hacia el debate oral.

Boveri, médico de planta del servicio de anestesiología del Hospital Italiano, y Lanusse, residente de tercer año de la misma especialidad, fueron procesados el 10 de abril por el delito de defraudación por administración fraudulenta. Al primero se le atribuyó el rol de autor y a la segunda, el de partícipe necesaria.

La hipótesis que sostiene la imputación indica que ambos habrían perjudicado los intereses del Hospital Italiano en todo lo vinculado con la administración, custodia y utilización del anestésico propofol, además de otros insumos médicos necesarios para su preparación y aplicación. Según la acusación, esos elementos habrían sido “desviados de su destino legítimo para ser utilizados en beneficio propio”.

Los procesamientos habían sido confirmados por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Sin embargo, en esa misma instancia ya se había advertido que la investigación debía profundizarse, en especial en lo que respecta al análisis de los dispositivos electrónicos.

El pedido de la fiscalía que el juez de instrucción rechazó

El conflicto judicial nació cuando el juez de instrucción se negó a postergar el cierre de la investigación hasta que se abrieran y analizaran los teléfonos secuestrados a los imputados. Para la fiscalía, el contenido de esos aparatos podía aportar información sustancial para reconstruir la maniobra, establecer la dinámica de los hechos y precisar el grado de intervención de cada acusado.

El Ministerio Público Fiscal había ido más lejos: solicitó al Hospital Italiano un informe detallado sobre las intervenciones quirúrgicas, procedimientos anestésicos y sedaciones en las que hubieran participado Boveri y Lanusse entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2026, en los casos en que se hubiera registrado el uso de dos o más ampollas de propofol.

El juez de instrucción rechazó esas medidas y sostuvo que la investigación estaba suficientemente agotada. Argumentó que los resultados de los peritajes podrían incorporarse eventualmente durante el juicio y que, si surgían hechos diferentes, podrían iniciarse nuevas investigaciones. La fiscalía, en cambio, consideró que esa alternativa no era adecuada, porque los elementos pendientes podían modificar la acusación antes de que comenzara el debate.

Una elevación a juicio que Casación consideró prematura

El expediente había sido elevado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, pero la fiscalía volvió a plantear la necesidad de que regresara a la etapa de instrucción. La representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el análisis de los celulares no podía tomarse como una prueba secundaria.

También señaló que la causa está vinculada jurídicamente con otras investigaciones, entre ellas la que busca determinar las circunstancias de la muerte del médico Alejandro Zalazar y el expediente contra la anestesióloga Chantal Leclercq por presunto robo de propofol y otras sustancias en el Hospital Rivadavia.

El juzgado de instrucción aceptó parcialmente la devolución del expediente, pero solo en lo que respecta a Lanusse, mientras que dispuso que la causa continuara en el tribunal oral en relación con Boveri. Esa diferencia de criterio derivó en un conflicto de competencia que llegó a Casación, que además determinó que por el momento no hay suficientes elementos para involucrar a Leclercq.

Qué dijo Casación

Al analizar el expediente, Grappasonno sostuvo que la prueba pendiente resultaba útil y pertinente para la investigación, y que sus posibles consecuencias excedían las facultades propias de la instrucción suplementaria que puede desarrollarse durante la etapa de juicio.

El magistrado advirtió que el análisis de los teléfonos podía no solo fortalecer la hipótesis acusatoria, sino también “modificar la plataforma fáctica de la imputación”. En uno de los puntos de la resolución, Casación remarcó que “la diligencia pendiente podía tener incidencia directa en la determinación de los hechos que conformarían la acusación”.

Por ese motivo, consideró que el juzgado de instrucción no había evaluado adecuadamente el impacto que podía tener la prueba al momento de decidir el cierre de la investigación. La Cámara también destacó que, cualquiera fuera el resultado del peritaje, este tendría necesariamente incidencia en el requerimiento de elevación a juicio.

Finalmente, resolvió anular la decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 del 17 de julio y todos los actos dictados en consecuencia. Además, declaró que ese juzgado deberá continuar conociendo en la causa.