La Justicia desvinculó a siete imputados por el desvío de $1.200 millones: el MPF va por la jueza

El Ministerio Público Fiscal (MPF) impugnará la resolución de la jueza de garantías Natalia Pelosso que rechazó la apertura de juicio para la mayoría de los imputados en la causa por el presunto desvío de más de $1.200 millones de fondos públicos entre 2022 y 2023. La decisión de la magistrada dejó al borde del archivo a dos exministros provinciales, integrantes de la cooperativa Viento Sur y particulares de la sociedad civil.

El anuncio lo hizo el fiscal jefe Pablo Vignaroli, tras la audiencia de control de acusación en la Ciudad Judicial. Allí Pelosso dispuso el sobreseimiento total y definitivo de los exministros de Desarrollo Social y Trabajo, Abel Di Luca y Germán Chapino, que estaban imputados como coautores de administración fraudulenta.

Quiénes quedaron desvinculados

El sobreseimiento alcanzó también a S.E.B y L.L.V, imputados como coautores del mismo delito, y a B.R.V.N, F.G.S y M.G.S, acusados como partícipes necesarios. A estas cinco personas la jueza les otorgó una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP), una herramienta prevista para delitos con penas menores a tres años de prisión y para personas sin antecedentes penales.

La SJP fijó un plazo de un año y medio, con ocho horas de trabajo comunitario por mes y donaciones económicas de 2 y 3 millones de pesos para M.G.S y F.G.S, entre otras pautas.

De las ocho personas a las que el MPF formuló cargos, siete quedaron desvinculadas. Solo D.M, imputada como autor de administración fraudulenta, irá a juicio ante un tribunal colegiado según la decisión de la jueza de garantías.

El plan del MPF para revertirlo

Vignaroli adelantó que presentará la impugnación en los próximos días —el plazo es de diez días— para que un Tribunal de Impugnación (T.I) revise y anule la decisión de Pelosso por arbitrariedad, y el caso pueda llegar a juicio ante un tribunal colegiado.

"Los fundamentos (de la jueza) son pobres, no son jurídicos y por eso apeló a expresiones como del tipo 'bolsa de gatos', que es irrespetuosa y demuestra la debilidad de sus argumentos", planteó el fiscal jefe.

Vignaroli añadió que la audiencia de control de la acusación "se desnaturalizó" y que "se hizo un juicio por adelantado sin la prueba; porque la prueba se debe valorar en el juicio, no en esta etapa procesal".

La magistrada había planteado en la audiencia que la imputación "hace agua, se resquebraja" y calificó el planteo fiscal como una "gran bolsa de gatos".

La teoría del caso del MPF

El equipo fiscal está integrado por Vignaroli, la fiscal Rocío Rivero y los asistentes letrados Facundo Bernat y Agustina Jara, y contó con la adhesión de la Fiscalía de Estado, que fue el organismo que presentó la denuncia.

Según la teoría del caso, la maniobra configuró el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con un perjuicio económico estimado a valor histórico en $1.208.657.600.

"Vamos a probar durante el juicio que ese dinero fue destinado al pago de sueldos a más de 1.000 personas, sin respaldo contractual ni vinculación alguna", sostuvo Vignaroli al presentar la acusación.

Para el MPF, los exministros omitieron sus deberes al autorizar desembolsos mensuales del programa estatal sin verificar los controles previos obligatorios —planes de acción, padrones verificables de beneficiarios y acreditación efectiva de capacitaciones— y al ignorar dictámenes desfavorables de la Contaduría General de la Provincia.

A los integrantes de la cooperativa Viento Sur, D.M, S.E.B y L.L.V, se les reprochó haber solicitado, recibido y administrado los fondos con conocimiento de su destino específico, presentando rendiciones con comprobantes que no coincidían con los movimientos bancarios, duplicación de gastos y omisiones deliberadas para sostener la continuidad de los desembolsos.

A las tres personas restantes, B.R.V.N, F.G.S y M.G.S, se las acusó de recibir fondos sin contraprestación, integrando el esquema de disposición patrimonial que permitió consumar el perjuicio.