La Justicia dejó sin efecto la fórmula de movilidad de Alberto Fernández: qué índice aplicará la Anses en su lugar

La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria que impulsó el gobierno de Alberto Fernández y que rigió entre 2021 y mediados de 2024. En su reemplazo, los jueces ordenaron a la Anses recalcular el haber de la demandante con el índice que se usó durante la gestión de Mauricio Macri.

La sentencia se dictó en el expediente "Galletta, Carmen c/ Anses s/ Reajustes varios" y lleva las firmas de Juan Fantini y Nora Dorado. El fallo concluye que la ley 27.609, aprobada en diciembre de 2020, causó un deterioro de las jubilaciones durante su vigencia y dispone que en ese caso "deberá aplicarse de manera continua, desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive", la fórmula de la ley 27.426.

Esa norma, sancionada en diciembre de 2017, es recordada porque el Congreso la votó mientras se desarrollaban violentas protestas en la Plaza de los Dos Congresos. Por eso se la conoce como la "ley de las 14 toneladas de piedras".

Qué dice el fallo sobre el cálculo

El voto del juez Fantini recuerda que la Corte Suprema de Justicia ya avaló el cálculo de movilidad de la ley 27.426, que estuvo vigente en 2018 y 2019, al rechazar un planteo de inconstitucionalidad. Eso ocurrió en diciembre de 2025, en la causa "Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ Anses".

El fallo de la causa Galletta no precisa cuál es el efecto concreto de cambiar los incrementos que tuvo el haber de la jubilada por el índice de la fórmula macrista. Según cálculos de abogados previsionalistas, la aplicación de lo ordenado podría derivar en un incremento de alrededor de 67%, aunque el porcentaje dependerá de cómo se liquide y de las especificaciones técnicas que se apliquen para evitar que el resultado sea nulo.

"Mi interpretación es que debería aplicarse la ley 27.426 hasta el reajuste pagadero en junio de 2024 [considerando indicadores salariales y de inflación hasta diciembre de 2023] y, a partir de allí, la regla del decreto de necesidad y urgencia 274, que es seguir el Índice de Precios al Consumidor, IPC, con dos meses de rezago", explicó a LA NACION el abogado Adrián Trócccoli. Con ese criterio, la cuenta daría una suba del 67%.

El especialista agregó: "Eso permitiría evitar las distorsiones que podrían generarse por estar cambiando un sistema con seis meses de distancia [de retraso] entre el período de referencia de los indicadores usados en el cálculo y el mes de aplicación del reajuste, por un sistema en el cual ese desfase es de dos meses".

Sin inflación ni piso mínimo

La sentencia cuestiona que la fórmula de la ley 27.609 no contempló la inflación ni incluyó una "cláusula gatillo o un piso mínimo" que garantizara que no se perdiera poder adquisitivo por el alza generalizada de los precios.

Esa norma, surgida de un proyecto en el que tuvo influencia la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, tampoco ofrecía esas garantías y además fijaba un tope anual a la suba de las jubilaciones que no estaba vinculado con la variación de precios sino con la recaudación de los recursos para la Anses. Esa cláusula se aplicó aun cuando ya se había perdido poder adquisitivo, lo que profundizó el deterioro de las prestaciones.

Para el juez Fantini, esa norma "careció de la previsibilidad necesaria para escenarios de crisis y alta inflación, recaudo que tanto la normativa predecesora [la ley 27.426] como la sucesora [el DNU 274] sí han contemplado al incluir parcial o íntegramente en su fórmula el IPC".

Cómo se calculaban los aumentos

La ley 27.426 definía las subas trimestrales sumando el 70% de la variación del IPC y el 30% de la variación de los salarios según el índice Ripte, con los datos tomados con un semestre de rezago. En cambio, la ley 27.609 consideraba la suba de salarios y la evolución de la recaudación de impuestos con derivación específica a la Anses, además de otros insumos, algunos de los cuales no eran de acceso público.

El DNU 274, de marzo de 2024, es el que rige actualmente y establece que los haberes se incrementan todos los meses en el mismo porcentaje que la variación de precios de dos meses atrás. Por ejemplo, en diciembre próximo habrá un reajuste de 2,17%, porque esa fue la inflación de octubre pasado según el Indec.

De acuerdo con el escrito judicial, entre marzo de 2021 y marzo de 2024 el reajuste acumulado de haberes fue de 553,55%, mientras que, con el criterio del DNU 274, para el mismo lapso habría sido de 1129,07%.

Otros fallos y la definición pendiente

La decisión de la Sala 2 se suma a varias sentencias de la instancia de apelaciones dictadas en los últimos años en el interior del país, que ordenaron reparar el daño causado a los demandantes. Se registraron en Mendoza, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bahía Blanca y Tucumán. Algunas de esas resoluciones confirman que la pérdida de poder de compra durante la vigencia de la ley 27.609 llegó al 50%.

La cuestión espera una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un año atrás, la misma Sala 2, con la firma de Fantini, Dorado y Walter Carnota, había decidido diferir por razones de "cautela" su pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley 27.609.

Una semana atrás se pronunció la Sala 3 del mismo fuero. En la causa "Aguirre, Jorge Alberto c/ Anses s/ Reajustes varios", los jueces Fernando Strasser, Alicia Braghini y Sebastián Russo declararon inconstitucional la ley, pero con un efecto limitado: solo ordenan recalcular el haber previsional entre octubre de 2023 y junio de 2024, sin compensar lo ocurrido en 2022 y en los primeros nueve meses de 2023, cuando se había acumulado una pérdida significativa del poder de compra.