La Justicia dejó al alcance de todos el video de la tortura a Lara y su familia estalló

La difusión de un video que muestra la tortura sufrida por Lara Gutiérrez, una de las tres víctimas del triple crimen de Florencio Varela, desató la indignación de sus familiares, que apuntaron directamente contra dos jueces federales y anticiparon medidas legales.

A través de las redes sociales, los allegados anunciaron que avanzarán con “acciones legales, administrativas y disciplinarias” contra Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, y Ernesto Rodríguez, magistrado de Morón, a quienes responsabilizaron por la filtración de un material que debía permanecer bajo reserva.

El reclamo contra los magistrados

El malestar se concentra en Arroyo Salgado, cuya resolución en una causa federal por narcotráfico incorporó una descripción de las imágenes recuperadas de uno de los teléfonos secuestrados a los acusados, aunque no el video en sí.

Desde el entorno judicial de la jueza aseguraron que el registro “fue puesto a disposición de quienes intervienen en las dos investigaciones”, que no se difundió y que su inclusión en el expediente respondió a una obligación funcional. Además, sostienen que desconocen el origen de las filtraciones.

En un comunicado, la familia de Lara expresó su indignación y recordó que ya habían pedido al Juzgado Federal N°2 de Morón, donde se tramita la causa principal por los asesinatos, que adoptara todas las medidas necesarias para evitar la difusión de material sensible. Como antecedente mencionaron las fotografías de las autopsias, que también habían sido filtradas.

“Consideramos inadmisible que, por su falta de decoro, negligencia o mal desempeño, haya permitido que suceda una situación de tal gravedad”, señalaron en el documento, y advirtieron que la exposición pública de estas pruebas “compromete la seriedad de la investigación y provoca un nuevo daño a los familiares de las víctimas”.

La familia, representada por la abogada Verónica Veliz, anticipó que presentará denuncias contra ambos magistrados por su presunta responsabilidad en la filtración o por la falta de controles para impedirla. También reclamó que las autoridades judiciales superiores intervengan de urgencia para que el episodio no contamine, demore ni desvíe el curso de la causa.

El alias “Roger” y una hipótesis sin confirmar

El comunicado también se refiere a un hombre mencionado en el video como “Roger”. Los familiares plantearon que ese alias podría coincidir con el segundo nombre de Alex Roger Idone, quien permanece prófugo, y alertaron sobre el riesgo de que se instalen hipótesis que todavía no fueron corroboradas en el expediente de Morón.

Cómo apareció la filmación

El registro audiovisual fue recuperado del teléfono celular de Daniel Tello Chacón, uno de los imputados en una investigación federal por narcotráfico que lleva adelante Arroyo Salgado en San Isidro. El archivo había sido eliminado de la carpeta de la aplicación de mensajería Zangi y, según la resolución judicial, fue recibido el 24 de septiembre pasado.

En el procesamiento, la magistrada vinculó el contenido de la filmación con el triple crimen de Florencio Varela. Según su análisis, en el video se observa a una mujer atacada por cuatro hombres, mientras una voz que la víctima identifica como “Roger” la interroga, la amenaza e imparte órdenes durante la agresión.

“Subestimaron a los peruanos. ¿Qué pensaste? ¿Los peruanos son giles?”, se escucha decir a uno de los atacantes. Y las amenazas siguen: “Vas a hablar o no? Vuelale el dedo, por chorra”.

La resolución sostiene que existen elementos que permitirían identificar a la persona filmada como Lara Gutiérrez. Entre ellos, menciona coincidencias físicas, la ropa que llevaba puesta y características del ambiente en el que se desarrolla el ataque, que serían compatibles con el lugar donde ocurrió el crimen.

La filmación también fue incorporada como un elemento relevante para la investigación sobre la estructura narco. En la resolución, la jueza sostuvo que la organización tendría una “disposición concreta al ejercicio de la violencia extrema como instrumento de disciplinamiento, interno y externo”.

En ese sentido, consideró que el ataque no habría sido un hecho aislado y afirmó que “la violencia, en este contexto, no aparecería como un exceso aislado, sino como un recurso disponible, se ordena, se ejecuta, se filma y se hace circular entre los integrantes de la propia organización”.

Quién es “Roger” y qué lugar ocupa en la causa narco

Uno de los puntos centrales del procesamiento de Arroyo Salgado es la identificación de “Roger”. Hasta ahora, la investigación del triple crimen había puesto el foco principalmente en Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”.

Sin embargo, en la causa federal por narcotráfico, la jueza identificó a Pablo Daniel Macalopu Cafferata como el usuario de ese alias y le atribuyó el rol de organizador de una presunta estructura dedicada al tráfico de cocaína.

Según la resolución, la organización habría funcionado al menos desde enero de 2024, con una estructura que incluía el traslado de cargamentos en camiones, el almacenamiento de la droga en distintos inmuebles y su posterior distribución.

En los allanamientos realizados durante octubre, los investigadores secuestraron alrededor de 207 kilos de cocaína en una vivienda de La Reja, partido de Moreno, y otros 15 kilos en un inmueble vinculado a los acusados. Además, se encontraron armas, dinero en dólares y elementos utilizados para el acondicionamiento de la droga.

La hipótesis de Arroyo Salgado es que Macalopu Cafferata habría impartido directivas a los demás integrantes de la organización y coordinado la recepción de los cargamentos.

Los roles que la Justicia les atribuye

Yvan Nuñez Medina: habría tenido un rol de coordinación en la recepción de los cargamentos, disponía de un chofer para los trasbordos y también comercializaba parte de la cocaína.

Erick Alexis Dávila García: habría recibido la droga y la trasladado hasta los depósitos.

Daniel Tello Chacón: habría estado a cargo de custodiar los lugares de acopio y concretar las entregas que le ordenaban.

Daniel Alcázar Curotto: la resolución lo señala como colaborador en la recepción, retiro y entrega de paquetes y cajas.

Héctor Darío Mansilla: camionero acusado de transportar los cargamentos de cocaína y entregarlos en puntos previamente coordinados.

Dos expedientes y un pedido de la fiscalía

El triple crimen de Florencio Varela y la investigación por narcotráfico tramitan en expedientes diferentes, aunque involucran a personas que podrían estar relacionadas entre sí.

La causa por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda Loreley del Castillo y Morena Verdi está a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, mientras que la investigación sobre la presunta organización narco se desarrolla en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro.

El hallazgo del video en uno de los celulares secuestrados en la causa de narcotráfico llevó a que su contenido fuera incorporado a esa investigación y puesto a disposición de los investigadores de Morón. Pero ahora, la difusión del material generó un nuevo frente de conflicto.

Desde el Ministerio Público Fiscal emitieron un comunicado en el que solicitaron no difundir las imágenes.

“La Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, exhorta a los medios y profesionales de la comunicación a evitar la difusión de imágenes y videos vinculados con los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025”, expresaron.

“El pedido tiene como objeto evitar la revictimización de las tres damnificadas y sus familias debido a lo sensible del contenido, así como también consolidar el resguardo de la investigación, que se encuentra en pleno trámite y bajo secreto de sumario”, advirtieron.

“En el caso, se investigan hechos que involucran violencia contra las mujeres en un contexto de crimen organizado, por lo que resultan de aplicación los mandatos de tratados internacionales, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belén do Pará), así como las leyes de nuestro país que promueven el respeto de los derechos de las mujeres y las víctimas de delitos”, cerraron.