La Justicia declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández: cuánto perdió una jubilada en cuatro años

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria de la ley 27.609, la que rigió desde 2021 hasta mediados de 2024, y ordenó reemplazarla por el esquema de la ley 27.426, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión llega en el marco de una demanda contra la ANSES y puede repercutir tanto en las diferencias acumuladas como en la base de cálculo de los haberes que vienen.

El fallo lleva la firma de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, quienes revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo de Carmen Galletta. Ahora su jubilación deberá recalcularse con la fórmula anterior desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. Desde ese punto, el haber se empalmará con la actualización mensual por inflación del decreto 274/2024.

Un antecedente que no frenó el reclamo

El caso tiene una particularidad: la demandante ya había conseguido un reajuste jubilatorio en 2014, cuya liquidación se aprobó en 2019. Para la Cámara, ese antecedente no impedía analizar el deterioro posterior que sufrió su prestación por la aplicación de otros mecanismos de movilidad.

En sus fundamentos, Fantini señaló que la fórmula de la ley 27.609 —atada a la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria— no contemplaba la inflación ni incluía una cláusula que garantizara un piso de actualización ante una aceleración de precios. Ese rasgo, según el análisis de la sentencia, generó un desfasaje entre los aumentos jubilatorios y el costo de vida.

Los números que marcaron la diferencia

Para medir el impacto, el fallo comparó la evolución de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024. En ese lapso, la movilidad acumuló un incremento del 553,55%, mientras que la variación del IPC tomada como parámetro llegó al 1.129,07%. Con esa brecha, los jueces calcularon una pérdida de capacidad de compra cercana al 46,83%.

La sentencia también advirtió que los aumentos posteriores atados a la inflación no alcanzaron para recuperar el terreno perdido: si una jubilación llega a un nuevo régimen de actualización con una base ya deteriorada, los incrementos siguientes mantienen la diferencia en lugar de corregirla.

Qué fórmula se aplicará y qué queda por definir

Como mecanismo de recomposición, el tribunal eligió la fórmula de la ley 27.426, que preveía aumentos trimestrales con un 70% de variación del IPC y un 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE. Los jueces descartaron aplicar retroactivamente el régimen actual porque consideraron que así recurrían a una pauta ya aprobada por el Congreso.

El monto que eventualmente cobre Galletta se definirá en la etapa de liquidación. Para ese cálculo se descontarán los importes ya percibidos por movilidad, adelantos, recomposiciones y ayudas extraordinarias, con el fin de evitar pagos duplicados. Además, la Cámara admitió la excepción de prescripción planteada por la ANSES, lo que limita las diferencias retroactivas exigibles.

El tribunal dispuso asimismo que se aplique la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central para calcular los intereses y que las costas de ambas instancias queden a cargo del organismo previsional. Sobre los topes jubilatorios, declaró la inconstitucionalidad del artículo 9, inciso 3, de la ley 24.463 si en la liquidación se comprueba que su aplicación provoca una quita igual o superior al 15%.

La sentencia resuelve el reclamo de una jubilada en particular y no establece una suba automática para todos los beneficiarios. Sin embargo, suma un antecedente de peso para los litigios que cuestionan la movilidad de la ley 27.609: la Sala II entendió que ya había pasado tiempo suficiente para evaluar los efectos del régimen y concluyó que el deterioro producido durante su vigencia justificaba declarar su inconstitucionalidad.