La Justicia de Río Negro mira los expedientes en tiempo real: el detalle que quedó al descubierto

El Poder Judicial de Río Negro avanza con un sistema de control que sigue el pulso de sus juzgados casi al instante. La estrategia combina auditorías internas con herramientas digitales que permiten observar en línea cómo se mueven las causas, con un objetivo claro: reducir los tiempos de respuesta y destrabar expedientes demorados.

El auditor judicial general del Poder Judicial rionegrino, Juan Manuel Montoto Guerrero, explicó que el seguimiento alcanza a organismos de las cuatro circunscripciones, desde unidades jurisdiccionales hasta cámaras de apelaciones. Las visitas responden a un cronograma de trabajo y se concentran en aquellos organismos cuyos indicadores piden una revisión, aunque también pueden activarse por pedidos puntuales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) o de la Procuración General.

Qué se mira cuando se audita un juzgado

La Auditoría Judicial General revisa distintos aspectos del funcionamiento de cada organismo para detectar demoras y decidir cuándo hace falta una inspección. El relevamiento contempla las particularidades de cada fuero y circunscripción, ya que existen diferencias normativas y de gestión entre ellos.

Entre los indicadores que se analizan aparecen las sentencias pendientes de dictado, el cumplimiento de los plazos para resolver y la duración de los procesos. También se tienen en cuenta los pedidos de pronto despacho, las solicitudes reiteradas para que los expedientes pasen a resolución y los escritos pendientes de proveer, junto con el tiempo que llevan en esa situación. En los casos más extremos, se contempla la pérdida de jurisdicción solicitada.

El control no se limita a los juzgados. En el fuero civil también abarca a las Oficinas de Tramitación Integral Civil, Comercial y Administrativa (OTICCA), porque su funcionamiento incide directamente en los plazos de los procesos. Según Montoto Guerrero, para evaluar la eficiencia de un organismo hay que observar tanto la actividad jurisdiccional como las tareas administrativas que sostienen la tramitación de las causas.

“Desde la Auditoría, el objetivo es contribuir en una más eficiente prestación del servicio de justicia”, sostuvo el auditor general.

Al explicar cómo se determina la necesidad de una inspección, Montoto Guerrero señaló que “hay ciertos parámetros que funcionan como indicadores de gestión para la toma de decisión de la necesidad de una auditoría o visita”. Entre ellos mencionó “la prolongación de los procesos en la instancia” y “la cantidad de escritos pendientes de ser proveídos y el tiempo en que se encuentren en tal situación”.

Tableros en línea y trabajo preventivo

El seguimiento se apoya en herramientas digitales. El presidente del STJ, Ricardo Apcarian, contó que los equipos de auditoría tienen acceso en línea a los expedientes y a tableros de datos que permiten observar en tiempo real el funcionamiento de los organismos. Eso facilita detectar dificultades durante la tramitación y evaluar si conviene modificar algún aspecto de la gestión.

Con la información relevada, los auditores pueden dialogar con coordinadores y jueces, formular recomendaciones y proponer ajustes. Apcarian remarcó que el propósito es acompañar a los organismos en la mejora de su funcionamiento: “La auditoría tiene un rol que está muy presente pero siempre tiene con la encomienda de ayudar a la gestión”.

Las inspecciones se organizan mediante un cronograma que abarca las cuatro circunscripciones judiciales, aunque también pueden responder a requerimientos puntuales del STJ o de la Procuración General. Las visitas pueden ser presenciales o remotas y buscan advertir dificultades de forma preventiva, con la posibilidad de proponer cambios antes de que los problemas se profundicen.

El auditor aclaró que determinadas situaciones también pueden canalizarse por la vía disciplinaria. Sin embargo, la Auditoría no fija una meta porcentual de mejora común para todos los organismos. El objetivo general, sostuvo, es contribuir a una prestación más eficiente del servicio de justicia, con “mayor celeridad y una reducción de plazos que razonablemente contribuyan con la mejora en la prestación del servicio de justicia”.

Inteligencia artificial para sentencias y trámites

La incorporación de inteligencia artificial es otra de las líneas que impulsa el STJ para agilizar la tramitación de expedientes. La tecnología ya se usa en las ejecuciones fiscales del fuero Contencioso Administrativo: durante 2025 se dictaron 3.063 sentencias con asistencia de IA, equivalentes al 67,78% de las resoluciones de finalización emitidas en ese fuero.

Ahora el STJ proyecta extender estas herramientas a procesos ejecutivos civiles vinculados con cheques, pagarés y contratos de consumo. Según Apcarian, el modelo podrá verificar si los documentos reúnen los requisitos necesarios, contrastarlos con la demanda y elaborar una propuesta de sentencia cuando la información sea correcta. La resolución definitiva seguirá bajo responsabilidad del juez.

“Hay muchas operaciones que son mecánicas, que es sacar cuentas, controlar si es una cosa o la otra, y claramente las hace mejor un modelo de inteligencia artificial que una persona en un trabajo rutinario”, sostuvo el presidente del STJ. La intención es reducir tareas repetitivas y minimizar errores, para que los equipos judiciales puedan concentrarse en las cuestiones que requieren análisis jurídico.

El proyecto forma parte de una estrategia tecnológica más amplia. Apcarian también anticipó la migración de la infraestructura informática del Poder Judicial a servicios en la nube y la intención de incorporar, durante 2027, un asistente integrado a los sistemas Puma y Janus.

Entre las funciones previstas mencionó la elaboración de resúmenes de expedientes, la revisión de pasos procesales y la preparación de providencias, siempre como apoyo al trabajo de los operadores judiciales.