La Justicia de Jujuy bajo la lupa: el 32% de absoluciones que encendió las alarmas

El funcionamiento del sistema judicial jujeño quedó expuesto durante una entrevista en Política a las Brasas, donde las principales autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD) reconocieron que todavía hay mucho por mejorar, sobre todo en la calidad de las investigaciones y en la llegada de los servicios judiciales al interior de la provincia.

Participaron del debate el procurador general Alejandro Bossatti, la defensora general María Gabriela Burgos, el procurador general adjunto Diego Chacón y el defensor general adjunto Guido Matías Luna. Todos coincidieron en que el sistema acusatorio avanzó, pero que persisten fallas que afectan la respuesta a los ciudadanos.

Absoluciones en baja, pero la autocrítica sigue

Uno de los datos que más llamó la atención fue el porcentaje de absoluciones en juicios penales. Según Bossatti, en 2025 alcanzó el 32%, mientras que en lo que va de 2026 descendió al 20%. Aunque la reducción es un signo positivo, el procurador fue claro: "Sin lugar a dudas, trabajamos denodadamente todos los sectores por mejorar esto".

Para Bossatti, la evaluación de la Justicia no debe limitarse a los resultados jurídicos, sino también al trato humano. Y remarcó que una imputación no implica culpabilidad: los fiscales tienen la responsabilidad de reunir pruebas suficientes, tanto para sostener una acusación como para evitar que personas inocentes lleguen a juicio. "Nosotros lo que entendemos es que necesitamos no solamente cantidad, sino fundamentalmente calidad en el trabajo y en los fiscales", sostuvo.

¿Policía Judicial en Jujuy?

Otra de las definiciones importantes tuvo que ver con la organización de las investigaciones. Bossatti confirmó que mantiene conversaciones con la Secretaría de Seguridad para analizar la posibilidad de crear una Policía Judicial en la provincia, con personal dedicado exclusivamente a tareas investigativas.

El funcionario explicó que la presencia permanente de ayudantes fiscales dentro de las comisarías puede generar confusión sobre las responsabilidades de cada organismo. "A mí me parece que tenemos que tener una cercanía con las seccionales, pero no tenemos que estar dentro de las seccionales", afirmó. Cualquier cambio, advirtió, deberá contemplar cuestiones presupuestarias, capacitación y los derechos laborales del personal policial.

Acceso a la Justicia: el interior y las denuncias por QR

La defensora general María Gabriela Burgos puso el foco en la necesidad de ampliar la presencia del MPD en las localidades alejadas de los centros judiciales. "La distancia no puede ser un impedimento para que la gente pueda acceder a la justicia", aseguró.

Burgos explicó que, a través de convenios con municipios, se realizan visitas itinerantes de equipos profesionales que brindan asesoramiento, reciben consultas y pueden iniciar actuaciones judiciales sin que los vecinos deban trasladarse hasta San Salvador de Jujuy.

Por su parte, Diego Chacón informó que durante 2026 se recibieron 670 denuncias mediante el sistema de códigos QR. De ese total, el 40% estuvo relacionado con robos, hurtos y daños a la propiedad, mientras que el 20% correspondió a ciberdelitos. También destacó el trabajo del Centro de Atención a las Víctimas, que cuenta con abogados, psicólogos y asistentes sociales para acompañar a las personas durante los procesos judiciales.

Régimen penal juvenil: nueve denunciados, un solo imputado

La implementación del nuevo régimen penal juvenil ocupó otro tramo de la entrevista. Bossatti informó que durante el primer mes de aplicación de la normativa se registraron nueve adolescentes denunciados dentro de la nueva franja etaria alcanzada por la ley, de los cuales solamente uno fue imputado.

Según el procurador, estos números no reflejan un incremento significativo de casos. También indicó que se trabaja en el acondicionamiento de la Unidad 5 y de espacios destinados a recibir adolescentes, además de la capacitación del personal policial.

Burgos, en tanto, planteó que la legislación debe contemplar las particularidades territoriales de cada provincia. "Creo que se basó en una estructura o en una realidad que no es la realidad del interior, o no es la realidad de las provincias del interior, no es la realidad nuestra", expresó. La defensora insistió en la necesidad de fortalecer las políticas preventivas mediante el trabajo conjunto entre la Justicia, Educación, Desarrollo Humano, Cultura, Trabajo y Deporte.

Tecnología, estadísticas y mediación

Las autoridades también subrayaron la importancia de incorporar nuevas tecnologías a los procesos judiciales y de usar mejor las estadísticas para distribuir recursos. Chacón explicó que el análisis de los registros permitió identificar cambios en la concentración territorial de los delitos, con un crecimiento de casos en Perico, lo que motivó el fortalecimiento de fiscalías en esa zona.

Además, se refirió al funcionamiento de la Fiscalía de Intervención Temprana en San Salvador de Jujuy, destinada a facilitar la mediación en conflictos vinculados con delitos contra la propiedad y evitar la acumulación de causas.

En relación con la prueba digital, los funcionarios señalaron que se trabaja con la Universidad FASTA y el Ministerio de Seguridad para mejorar los procedimientos de incorporación y preservación de evidencias, respetando las garantías constitucionales y la privacidad de las personas.

Juicio por jurados y el caso Matías Jurado

Hacia el final de la entrevista, las autoridades se refirieron a la posibilidad de implementar el juicio por jurados en Jujuy, una iniciativa que todavía requiere avanzar con su marco legislativo. Burgos consideró que se trata de una herramienta que podría contribuir a dinamizar el sistema judicial y permitir una mayor participación ciudadana en las decisiones.

Bossatti coincidió con esa postura y destacó: "Le devolvemos a la sociedad la posibilidad de dictar justicia sobre sus propios ciudadanos".

Durante la conversación también se abordó el caso Matías Jurado. Burgos señaló que existe una fecha establecida para una instancia del proceso, aunque evitó precisarla públicamente, y calificó el expediente como un caso paradigmático para la provincia.

Las autoridades coincidieron en que los principales desafíos de la Justicia jujeña pasan por mejorar la calidad de las investigaciones, garantizar la independencia institucional, fortalecer los mecanismos de prevención y ampliar el acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales.