La Justicia de Corrientes pide $101 mil millones más de lo que le asignan
Un anteproyecto por más de $361 mil millones contra una asignación que no llega a $260 mil: la Justicia de Corrientes ya marcó el número que falta y el Ejecutivo respondió con un memorándum. Qué dice el documento.
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aprobó un anteproyecto de presupuesto de $361.556.380.459 para el ejercicio 2027, una cifra que choca de frente con los $259.666.616.535 que proyectó el Poder Ejecutivo provincial y con los $257.299.346.535 que comunicó la Dirección General de Presupuesto. La distancia entre lo que el Poder Judicial considera necesario y lo que el Gobierno está dispuesto a girar ronda los 101.890 millones de pesos.
La aprobación quedó formalizada a través del Acuerdo Extraordinario N° 6, mediante el cual el máximo tribunal dio curso al Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio 2027, de carácter preliminar, junto con las estimaciones plurianuales para los dos años siguientes.
Cuánto pide la Justicia y cuánto ofrece el Ejecutivo
El esquema aprobado por el Superior Tribunal establece necesidades financieras de $397.712.018.505 para 2028 y de $421.574.739.615 para 2029. Además, contempla una Planta de Personal Permanente y Temporaria de 3.737 cargos, la estructura de recursos humanos prevista para sostener las distintas áreas y dependencias judiciales.
El punto de fricción está en el ejercicio 2027: mientras la Justicia fijó una necesidad de $361.556 millones, la planificación del Gobierno provincial contempla una asignación de $259.666.616.535, según la estimación general consignada para el Poder Judicial. Esa brecha de casi $102 mil millones se convierte en uno de los principales ejes de discusión en la elaboración del presupuesto del próximo año.
Un contrapunto que se repite año tras año
La diferencia entre las previsiones del Poder Judicial y las del Ejecutivo no es nueva en Corrientes. Las discrepancias se registran desde hace varios ejercicios en los procesos de elaboración de los presupuestos provinciales, con distintos niveles de cobertura de las necesidades planteadas por la Justicia.
Para 2026, el Superior Tribunal había estimado una necesidad cercana a los $299.000 millones, frente a los $192.000 millones que proyectó el Ejecutivo. En 2025, el Gobierno había estimado recursos por $159.619.002.085, monto que, según la evaluación del Poder Judicial, representaba aproximadamente el 80 por ciento de sus necesidades.
En 2024, el anteproyecto del Superior Tribunal fue de $92.631.953.599, mientras que el proyecto remitido a la Legislatura contemplaba $68.067.636.422 para el funcionamiento de la Justicia, equivalente al 73,4 por ciento de lo requerido.
Los antecedentes de 2023, 2022 y 2021 muestran la misma tendencia: para 2023, el Poder Judicial estimó necesidades por $36.977 millones frente a los $28.184 millones incorporados por el Ejecutivo; en 2022, el requerimiento fue de $14.700 millones y el Gobierno estimó $12.700 millones; y en 2021, la Justicia había solicitado $9.474 millones frente a una previsión de $7.209.605.885.
El memorándum que fija el techo
Desde el ámbito judicial también se informó que, mediante el Memorándum Nº 46/2026, correspondiente al Expediente 100-00945-2026, la Dirección General de Presupuesto de la Provincia estableció los créditos presupuestarios a los que deberá ajustarse el Poder Judicial.
El documento fija una asignación de $257.299.346.535 y señala que esos recursos deberán «ajustarse indefectiblemente» a los límites determinados por el organismo provincial. La cifra comunicada por esa vía presenta una diferencia respecto de los $259.666 millones estimados en el anteproyecto del Ejecutivo, aunque ambas previsiones se encuentran por debajo del requerimiento formulado por el Superior Tribunal.
Solo se cubriría el 72% de las metas
Según la evaluación de la Corte Provincial, los créditos presupuestarios asignados permitirían cumplir solamente con el 72 por ciento de las metas y objetivos establecidos para los programas previstos en la entidad Poder Judicial.
Esa proporción constituye el principal argumento institucional para fundamentar la insuficiencia de los recursos proyectados y expresa la distancia entre las necesidades identificadas por las autoridades judiciales y las disponibilidades contempladas en la planificación financiera del Gobierno.
