Un magistrado se inhibió, el presidente del STJ ocupó su lugar y desde entonces los judiciales aseguran que el expediente avanzó con un pedido directo a Diputados. La pulseada por el proyecto 2141 ya tiene fecha de posible final en la Justicia.
Las entidades que nuclean a los trabajadores del Poder Judicial chaqueño redoblaron este viernes su ofensiva contra el proyecto 2141 y hablaron sin vueltas de "gravedad institucional". El blanco de las críticas: el accionar del Tribunal ad hoc y las movidas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el expediente.
Para los gremios, la iniciativa legislativa arrastra vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad. También objetan cómo se armó el órgano judicial que interviene en la causa y sospechan de una presión institucional para que la Cámara de Diputados le dé luz verde. En el fondo del conflicto asoma además la pelea por la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y hasta dónde alcanza ese resguardo dentro del Poder Judicial.
El origen del reclamo
El planteo arrancó a comienzos de septiembre, con presentaciones en la Cámara de Diputados para que se investigara la actuación del Tribunal ad hoc. Allí se plantearon objeciones de inconstitucionalidad y se pidió a los legisladores que intervinieran frente a lo que los denunciantes consideran una integración irregular del órgano.
El argumento que sostienen es que ese tribunal está compuesto por magistrados que antes dictaron sentencias complementarias, es decir, resoluciones posteriores a cuestiones que ya tenían cosa juzgada. Eso, afirman, pone en riesgo la imparcialidad del procedimiento y configura una situación de juez y parte.
Una inhibición que movió el tablero
En las últimas dos o tres semanas se produjo un movimiento interno: uno de los integrantes del Tribunal ad hoc presentó su inhibición y, al mismo tiempo, inició una acción de amparo. Los gremios señalan que en esa presentación el magistrado habría usado argumentos muy parecidos a los que él mismo había resuelto antes desde su rol judicial.
Para los sindicatos se trata de un elemento más que alimenta la preocupación de quienes cuestionan la legitimidad del trámite y piden una revisión institucional de todo lo actuado en torno al proyecto 2141.
La controversia escaló cuando el presidente del STJ, Enrique Varela, fue designado para integrar el Tribunal ad hoc en lugar del magistrado que se inhibió. Desde esa nueva conformación, sostienen los gremios, se le dio continuidad a las actuaciones y se le reclamó a Diputados el tratamiento y la aprobación del proyecto.
"La Justicia está presionando directamente"
El secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (Utjch), Walter Bernard, anticipó a LA VOZ DEL CHACO que no descartan acudir a la Justicia si el proyecto consigue respaldo legislativo y avanza hacia su sanción.
Según el dirigente, la gravedad del escenario pasa por la actuación de organismos que, por su responsabilidad constitucional, deberían garantizar el funcionamiento regular de las instituciones. Le preocupa en particular la presunta invasión de atribuciones que le corresponden a la Legislatura y al Poder Ejecutivo.
Bernard explicó que los sindicatos presentaron planteos en Diputados para pedir una comisión investigadora, cuyos miembros deberían convocar al Tribunal ad hoc para que explique qué hizo. Y cuestionó que el proceso institucional funcione al revés: son los requerimientos del ámbito judicial los que llegan a los legisladores, cuando deberían ser las autoridades judiciales cuestionadas las que den explicaciones ante el órgano competente.
«Lo que se está evidenciando es que la Justicia está presionando directamente al Poder Legislativo para que sancione una ley que fue solicitada por una de las partes en un juicio. Ahí radica la gravedad institucional cuando se producen este tipo de actos jurídicos», advirtió.
El dirigente también ató el conflicto a la seguridad jurídica. Para él, las garantías institucionales deben cubrir a toda la sociedad y no solo a quienes participan de un expediente. «Preocupa gravemente la división de poderes y también la seguridad jurídica, porque un ciudadano, un empresario, un médico y nosotros, los trabajadores judiciales, necesitamos seguridad jurídica. Es lo que siempre reclama el pueblo. Lo que estamos viendo es una situación de inseguridad jurídica terrible», manifestó.
Qué pasó en las comisiones y qué pide el Sejch
La secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (Sejch), Graciela Aranda, contó que las organizaciones sindicales se reunieron con integrantes de distintas comisiones legislativas para exponer sus objeciones y pedir el rechazo del proyecto. En concreto, participaron de encuentros con las comisiones de Legislación y de Asuntos Constitucionales, donde se discutieron los fundamentos jurídicos y las consecuencias institucionales de la iniciativa.
El debate dejó posiciones divididas entre los diputados, con diferencias sobre si el expediente debe seguir o no. Según Aranda, algunos legisladores pidieron el archivo, sobre todo de los bloques opositores, mientras que el oficialismo optó por mantenerlo en cartera. La dirigente reconoció que hasta ahora ese sector no impulsó su avance, pero advirtió que la sola permanencia del proyecto en la agenda legislativa ya es un motivo de preocupación para los trabajadores judiciales.
La postura del Sejch es clara: el proyecto 2141 debe rechazarse y archivarse, porque el cumplimiento de la sentencia reclamada puede resolverse con los instrumentos legales que ya existen. En ese punto, Aranda mencionó la Ley 3424, en especial su artículo 9, como el marco normativo para instrumentar la solución.
Para la dirigente, la reglamentación de la media nacional tiene que alcanzar efectivamente a todos los integrantes del sector judicial, de modo que la respuesta institucional no quede limitada a un grupo de magistrados ni genere diferencias en el tratamiento de las remuneraciones dentro del Poder Judicial.
