La Justicia cerró la causa del césped sintético: quiénes quedaron sobreseídos y por qué no habrá juicio

El juez de Garantía N.º 3, Marcos Flores Leyes, sobreseyó a la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez y al exsecretario general de la Gobernación Miguel Berardo en la investigación por presuntas irregularidades en la colocación de césped sintético en predios deportivos de San Luis. El cierre del expediente no llegó por una absolución en el fondo: se dictó por la prescripción de la acción penal, a partir de un planteo de la defensa.

Los dos exfuncionarios habían sido denunciados en enero de 2024 por el propio Gobierno provincial, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. La presentación la hicieron el entonces secretario de Deportes, Gabriel Rivero, y el titular de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla.

Qué se les imputaba

La Fiscalía de Instrucción N.º 2 les había formulado cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El eje de la acusación eran los adelantos de hasta el 70% para obras de colocación de césped sintético.

La formulación de cargos se concretó en agosto de 2024. Según la defensa, el delito atribuido tiene una pena máxima de dos años, por lo que correspondía aplicar el plazo de prescripción previsto para esa figura.

El plazo que venció sin elevación a juicio

El término para llevar la investigación a juicio vencía el 6 de agosto de este año. De acuerdo con la reconstrucción de los defensores, el Ministerio Público Fiscal notificó a la querella el día anterior, pero recién les comunicó a los abogados de los acusados el vencimiento del plazo el 21 de agosto.

Sin elevación a juicio dentro del término, la defensa pidió que se declarara la prescripción. "Quisieron elevar la causa a juicio el 21 de agosto. Pero hay cuestiones que están legisladas en el Código Penal, por eso hicimos el planteo para pedir la extinción de la acción penal", explicó Ramiro Rubio, abogado de Ramírez y Berardo.

El letrado además sostuvo que la acusación no tenía pruebas suficientes para llegar a un debate oral: "La falta de elementos probatorios era abismal", afirmó.

Las dudas de la defensa

Rubio también se preguntó por qué el proceso llegó a esa instancia y dejó abierta la posibilidad de que la falta de impulso de la causa haya buscado evitar un sobreseimiento por ausencia de pruebas.

En esa línea, apuntó contra la actuación del Ministerio Público Fiscal y de la Fiscalía de Estado, que intervino como querellante en representación del Gobierno provincial. "Ambos tienen responsabilidad", planteó el abogado, al señalar que la Fiscalía de Estado también podía presentar pedidos para impulsar el expediente y evitar que venciera el plazo.