La Justicia archivó la causa de Cristina López por el despacho en el Senado: qué dijo la Cámara

La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la denuncia de la senadora Cristina López por las agresiones que dijo haber sufrido al intentar ingresar a su despacho en el Senado, que encontró con la cerradura cambiada. La decisión, que ratifica lo resuelto por la jueza María Eugenia Capuchetti, deja sin efecto la querella por falta de pruebas.

El tribunal de apelaciones, integrado por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, sostuvo que la investigación no logró acreditar los hechos denunciados ni identificar a los responsables. La causa, sin embargo, podría reabrirse si aparecen nuevas evidencias.

El conflicto por el despacho

El episodio se remonta a fines de 2025. La senadora por Tierra del Fuego, que había sido electa para un nuevo mandato, denunció que la vicepresidenta Victoria Villarruel ordenó cambiar la cerradura del despacho que le correspondía.

El 28 de noviembre, López llegó a la oficina 742 del edificio anexo del Senado y se encontró con la puerta cerrada, fajada y custodiada por personal de seguridad. Según su denuncia, los agentes le impidieron el ingreso por orden de la Vicepresidenta y su placa identificatoria ya no estaba en el lugar.

Tres días después, el 1° de diciembre, al persistir el impedimento, la legisladora se presentó con un cerrajero para recuperar sus pertenencias. Allí denunció haber sido empujada, golpeada y sometida a tocamientos. También afirmó que al cerrajero le patearon las herramientas y le dijeron: “te vamos a meter preso”.

El trasfondo del conflicto fue un decreto impulsado por Villarruel que obligaba a los senadores cuyo mandato vencía el 10 de diciembre a restituir sus despachos. López había acordado con el senador saliente Sergio Leavy el traspaso de esa oficina.

Qué dijo la Cámara

Al resolver la apelación de la querella, los jueces Llorens y Bertuzzi coincidieron con la jueza de primera instancia en que no había elementos para sostener una acusación penal.

“Las medidas producidas durante la investigación han permitido reconstruir el contexto general en el que se desarrollaron los acontecimientos y acreditar la existencia de una controversia respecto del acceso a la oficina 742, pero no han permitido reunir elementos objetivos suficientes para sostener una imputación penal concreta”, sostuvo la resolución.

La querella había apelado el archivo por considerarlo prematuro y arbitrario, y argumentó que la primera instancia hizo una “valoración fragmentaria de la prueba”. También cuestionó que se hubiera descartado la posibilidad de violencia política y de género, así como la pericia psicológica forense.

La Cámara respondió que se requirió al Senado toda la documentación sobre la asignación, cierre y custodia del despacho, y que “las constancias reunidas no lograron evidenciar que, en ese contexto, la querellante hubiera sido efectivamente agredida en los términos denunciados”.