La Justicia apura a YPF y a otras cinco petroleras por el pozo que no deja de perder crudo en Pichanal

El juez de Garantías 2 de Orán, Gustavo Morizzio, les dio un plazo de 10 días hábiles a YPF y a President Petroleum para que presenten un plan técnico con el que busquen frenar la contaminación y encaminar el cierre definitivo del pozo LO X-10, en Loma de Olmedo. La intimación se conoció el pasado 23 de octubre y responde a un pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes.

El objetivo inmediato es evitar que el crudo derramado siga expandiéndose. Con las lluvias en el horizonte, los hidrocarburos que hoy están en el suelo podrían ser arrastrados hacia otros campos de la zona.

Qué dicen los informes

La causa se apoya en las pericias y constataciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Esos informes advierten que la afectación ambiental no se detuvo: siguen las emanaciones de gases y hay sustancias contaminantes depositadas en superficie, cerca del pozo descontrolado del área Puesto Guardián.

La medida cautelar tiene carácter urgente, preventivo y provisorio. Alcanza a seis empresas que pasaron por la cadena de concesión del área y también prevé la intervención de organismos provinciales. Además de YPF —que perforó el pozo en 1983— y de President Petroleum —última operadora y declarada en quiebra en 2025—, figuran EPP, Tripetrol, Netherfield y Petrolera San José, que todavía no fueron notificadas.

Qué tiene que contener el plan

La presentación deberá incluir una metodología de intervención, medidas de seguridad, mecanismos para impedir nuevas surgencias, un cronograma de ejecución y procedimientos de monitoreo y control posteriores. A eso se suma un Plan de Contingencia y Contención para que las sustancias acumuladas en el cuadrante del pozo no se propaguen.

Las tareas deberán ser afrontadas de manera solidaria por las petroleras, con la participación de las secretarías de Ambiente y de Minería y Energía de la Provincia a través de sus áreas técnicas.

El fallo aclara que lo ordenado no define todavía la responsabilidad de cada empresa: se trata de una intervención preventiva mientras avanza el proceso de fondo. En sus fundamentos, Morizzio consideró que las firmas de la cadena de concesión podrían tener responsabilidad objetiva y solidaria por el pasivo ambiental, por los costos técnicos del cierre y por la recomposición del suelo.

También sostuvo que las autorizaciones administrativas para explotar hidrocarburos no eximen de las obligaciones ambientales. Y les advirtió a las notificadas que el incumplimiento podría encuadrar en el delito de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal.

El antecedente que pesa

No es la primera vez que un pozo de Puesto Guardián se sale de control. En 2006, el MdT 14 de Martínez de Tineo sufrió erupciones violentas de gas mezclado con agua e hidrocarburos y generó daños similares durante seis años. YPF logró sellarlo en 2012, después de varias intervenciones fallidas con equipos traídos desde el sur del país, con un costo superior a los 30 millones de dólares.

Para el LO X-10 se estima que controlar las fugas y ejecutar el abandono definitivo podría demandar unos 15 millones de dólares. Fuentes consultadas señalaron que el sellado requeriría equipos especiales y la perforación de al menos un pozo de alivio, pensado para interceptar las fugas y aplicar las técnicas de sellado.

Las primeras denuncias y las 300 cabezas

Las fugas empezaron a notarse hace tres años. Antes de que el pozo entrara en erupciones violentas, productores de la zona de La Estrella ya habían denunciado daños en suelos, aguas, vegetación y animales.

Aureliano Reyes, de finca El Estanque, recordó que en agosto de 2023 radicó la primera denuncia por los derrames. Él y otros pequeños ganaderos atribuyeron a esos derrames la muerte de alrededor de 300 cabezas de ganado vacuno.