La justicia aprieta las tuercas en un caso de presunto tráfico de influencias: ¿Qué encontraron en sus cuentas que mantiene firme la investigación?

Un juez federal rechazó un intento de blindar las cuentas de un abogado imputado por presunto tráfico de influencias, manteniendo medidas clave que rastrean su patrimonio, aunque reprogramó su declaración indagatoria para mayo debido a compromisos de su defensa en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Este movimiento judicial redefine los tiempos de una investigación que ya lleva once meses y pone bajo la lupa las finanzas del letrado, vinculando el caso a la estructura de la Cámara Federal de Tucumán.

El juez José Manuel Díaz Vélez ratificó el pedido de investigación sobre el patrimonio de Luis Alejandro Ontiveros al rechazar un recurso de apelación presentado por su defensa, encabezada por Miguel Ángel Pierri. La defensa había intentado impugnar el levantamiento del secreto bancario, bursátil y financiero, así como los requerimientos al Banco Central, a plataformas digitales como Mercado Pago y MODO, y a proveedores de activos virtuales como Binance, solicitados por el fiscal federal Agustín Chit.

Para la defensa, estas medidas resultaban prematuras o carentes de fundamento, pero el juez mantuvo su postura de que el rastreo en la base EFISCO de ARCA y el análisis de la capacidad económica son pasos conducentes para determinar la veracidad de la denuncia original. Esto sugiere que el rastro documental en bancos y billeteras virtuales es considerado ahora una pieza central para validar o descartar el relato del denunciante.

¿Por qué se postergó la declaración indagatoria?

No obstante, donde la defensa sí obtuvo un resultado favorable fue en el manejo de los tiempos procesales. Pierri argumentó que su intervención en el debate oral por el fallecimiento de Maradona le impedía asistir a Ontiveros en la fecha originalmente pactada, solicitando una postergación que garantice el derecho de defensa. Ante esta situación, Díaz Vélez decidió reprogramar la audiencia indagatoria para el 15 de mayo a las 9.30 horas.

Esto otorga un respiro temporal al imputado, pero el juez dejó claro que las medidas de prueba patrimonial seguirán su curso administrativo de manera independiente a la declaración. Mientras Pierri atiende los tribunales de Buenos Aires, en Tucumán el cerco sobre su cliente se estrecha a través de bytes y registros contables que no dependen de la presencia física de los abogados para ser procesados por el juzgado.

¿Cómo comenzó este caso?

El caso se inició hace once meses, cuando Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, funcionario de ARCA representado por el abogado Juan Andrés Robles, denunció que Ontiveros, presentándose como una figura con llegada directa a la vocalía del camarista Mario Leal, le habría exigido sumas de hasta 180.000 dólares para favorecer a su hijo Jerónimo en una causa penal en la que estaba involucrado en Catamarca.

Lo que comenzó como una denuncia ha derivado en una investigación que pone bajo la lupa no solo al abogado, sino también la estructura de relaciones dentro de la Cámara Federal, incluyendo el uso de vehículos oficiales y extensiones de tarjetas de crédito que el fiscal Chit considera pruebas de un poder de influencia comercializado en la sombra.

¿Qué alega la defensa del imputado?

En su descargo previo, Ontiveros alegó que la causa es una “expedición de pesca” destinada a perjudicar la carrera de su esposa, la abogada Solana Casella, quien concursa por una vacante en el Juzgado Federal N° 1 y es relatora del camarista Mario Leal, a quien Ontiveros sindica como su “papá del corazón”.

Sin embargo, el rechazo de la apelación refuerza la hipótesis de que el juzgado encuentra mérito suficiente para investigar si el nivel de vida y los activos del letrado guardan relación con sus ingresos declarados o si, por el contrario, existen indicios de un enriquecimiento derivado de gestiones extrajudiciales.

¿Qué busca determinar la justicia?

El estado actual del proceso muestra una instrucción que, tras meses de dilaciones por recusaciones y excusaciones de varios camaristas, parece haber encontrado un ritmo sostenido. Con la confirmación de Díaz Vélez al frente y el rechazo a las nulidades planteadas por la defensa, el expediente se encamina hacia una etapa de definiciones técnicas.

Los informes de la DATIP sobre el teléfono celular de Ontiveros -en el que se hallaron seguimientos de vacantes y claves de sistemas internos, además de anotaciones que tienen que ver con circunstancias judiciales que le deberían estar vedadas a un particular como capturas de pantallas de mails oficiales con la situación del hijo del denunciante- se cruzarán con los datos bancarios que el Banco Central deberá remitir en los próximos días.

La Justicia, por ejemplo, busca determinar si la residencia de Ontiveros en el country Alto Verde y el pago de sus expensas forman parte de esa “economía compartida” con el camarista Leal que la fiscalía sospecha como indicio de delito.

Este escenario deja a Ontiveros ante una encrucijada estratégica para el 15 de mayo. Por un lado, la ratificación judicial de las medidas de prueba patrimonial le quita margen de maniobra para negar la existencia de sus activos; por el otro, el tiempo ganado por la postergación le permite a su defensa analizar los primeros resultados de los informes bancarios antes de prestar declaración.