La Justicia allanó a la familia de un financista condenado por narcotráfico: qué buscan

Gendarmería Nacional detuvo este miércoles a la esposa y a los dos hijos del financista rosarino Gustavo Shanahan, condenado por narcotráfico, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad de Rosario mientras los tres circulaban en sus vehículos particulares. Durante los operativos, los efectivos secuestraron dos autos: un Jeep Renegade y un Fiat 500.

Una causa que viene de antes

Las detenciones fueron ordenadas por el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros, a pedido de los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco y Juan Argibay Molina, junto a integrantes de la Unidad Fiscal de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Rosario.

La investigación apunta a una presunta maniobra de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos de corrupción, con actuaciones que vienen de hace varios años. Además de las aprehensiones, la Justicia ordenó otras medidas patrimoniales sobre bienes que quedarán bajo análisis.

El antecedente de Shanahan

Shanahan, ex titular de la Terminal Puerto Rosario (TPR), fue condenado en diciembre de 2023 a siete años de prisión por narcotráfico. Según aquella investigación, el financista había montado una estructura para vender dólares del mercado paralelo a organizaciones narcocriminales, con conocimiento del origen del dinero.

Entre sus clientes estaba la banda de Julio Andrés Rodríguez Granthon, conocido como “El Peruano” o “El Piloto”, condenado por narcotráfico y homicidios. La Justicia consideró que Shanahan facilitaba el cambio de pesos a dólares y permitía que los fondos viajaran al exterior para comprar estupefacientes que luego se distribuían en Santa Fe.

Qué pasa ahora

Esta nueva causa es diferente a la que ya le costó la condena y busca determinar si hay bienes o movimientos patrimoniales vinculados al lavado de dinero. Por ahora, los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia federal, mientras se analizan los vehículos secuestrados y el resto de los bienes alcanzados.

Como no hay condenas contra ellos, rige el principio de inocencia y cualquier responsabilidad penal deberá definirse durante el proceso.