La jugada maestra de Patricia Bullrich para salvar a Adorni en el Congreso: ¿quién dio el paso al costado?

El Gobierno logró desactivar la bomba Manuel Adorni con una operación lenta que incluyó aliados insospechados y movimientos precisos en el Congreso. La estrategia, orquestada por Patricia Bullrich, buscó ganar tiempo mientras el presidente Javier Milei tomaba la decisión final. Pero el costo institucional fue altísimo: el Senado quedó virtualmente paralizado.

La semana comenzó con la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados lista para avanzar con la interpelación, y el PRO, por orden de Mauricio Macri, alineado para votar en ese sentido. Cristian Ritondo perdió margen de maniobra. Al día siguiente, Bullrich le advirtió a Karina Milei que la remoción de Adorni era inevitable en el Senado.

¿Qué pasó con la causa judicial?

El fiscal Gerardo Pollicita ya no cree en las explicaciones contables del jefe de Gabinete. En agosto le pedirá que justifique el origen e incremento de sus bienes. El peritaje contable aún no concluye, pero el fiscal está convencido de que Adorni no podrá explicar todo. Mientras tanto, el Gobierno hizo consultas discretas con el juez Ariel Lijo y el fiscal Pollicita, pero terminó por convencerse de que no hay margen de maniobra en la Justicia.

Ni los gobernadores aliados ni la oposición más dura quisieron asumir el rol de verdugos. En una reunión con Diego Santilli, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo pidieron que fuera Milei quien tomara la decisión. El bloque de Unión por la Patria, liderado por José Mayans, terminó siendo aliado de Bullrich para hacer caer la sesión del Senado.

El recorte de funciones y el nuevo vocero

El viernes anterior le quitaron a Adorni la función de vocero. Cinco días después, Javier Ravier renunció a su banca de diputado y asumió activamente ese rol. También desplazaron al director de Prensa, Javier Lanari, reemplazado por Fabián Fernández, de YPF. La estrategia fue correr a Adorni del foco y recuperar la capacidad de comunicar los logros del Gobierno.

El lunes, Martín Menem acordó con Ritondo y desactivó la sesión especial que pedía la oposición. La propia comisión se convocó para el 30 de junio. El martes, la oposición no consiguió quórum. El miércoles, en una sesión especial, solo Myriam Bregman y Maximiliano Ferraro insistieron con el affaire Adorni. Se aprobó el pago de 170 millones de dólares a holdouts y se dio media sanción al super-RIGI.

Bullrich tomó una decisión unilateral: Adorni no concurriría a la sesión del 2 de julio. Ante la certeza de que lo interpelarían durante ocho horas, la ministra desactivó un momento comprometido. El jueves, el oficialismo replicó la jugada en el Senado: convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el 1 de julio. Pero ni Bullrich ni UxP se sentaron, y la sesión se levantó por falta de quórum.

El costo: un Senado paralizado

El Gobierno ganó tiempo, pero el costo fue altísimo: para proteger a Adorni, el Senado no podría volver a reunirse por semanas o meses. La causa judicial se ralentizó, pero Pollicita tendrá listo a fin de julio el escrito para que Adorni justifique sus bienes. Para entonces, el funcionario estará librado a su suerte.

Mientras tanto, la economía dio buenas noticias. La inflación de junio sería de entre 1,9% y 2%, rompiendo la barrera psicológica del 2%. El PBI creció 2,3% en el primer trimestre, aunque la inversión cayó 11,6%. Los salarios registrados crecieron 3,5% en abril, por encima de la inflación. El dólar llegó a $1500, su cotización más alta desde enero, pero el Banco Central intervino para moderar la suba. El riesgo país cayó a 419 puntos, el nivel más bajo en ocho años.

Luis Caputo aseguró que hay dólares suficientes para todos, pero los economistas plantean la conveniencia de tomar deuda en Wall Street para cubrir los vencimientos de 30.000 millones de dólares hasta fines de 2027. Por ahora, Caputo prefiere financiarse en el mercado local.