La jugada del Gobierno con un predio ferroviario en Quilmes que iba a tener 132 casas

El Gobierno nacional puso en marcha una subasta pública para desprenderse de un terreno de 5365 metros cuadrados en pleno corazón de Quilmes. La parcela, ubicada sobre la Avenida Triunvirato, tiene un precio base de 1,38 millón de dólares y el Estado ya la desafectó del uso ferroviario por decreto para que el dinero ingrese a las arcas públicas.

El predio no es un descampado cualquiera: formó parte de la antigua Playa de Cargas Quilmes Sud. Durante décadas quedó asignado a la firma Ferrosur Roca, que nunca llegó a concretar actividad operativa alguna en el lugar.

En 2022, la empresa estatal Trenes Argentinos Infraestructura recibió la propiedad con un objetivo bien distinto: levantar allí un plan de viviendas sociales.

El proyecto que quedó a mitad de camino

Ese plan contemplaba la construcción de 132 casas multifamiliares de dos y tres dormitorios, distribuidas en tres sectores que sumaban siete edificios. La gestión anterior alcanzó a ejecutar un 14,1 por ciento del avance físico antes de que las tareas de edificación se paralizaran de forma definitiva.

El inmueble se encuentra en una zona de densidad urbana intermedia, en pleno proceso de consolidación. La normativa del Distrito R1 permite edificaciones de entre dos y seis niveles, y el terreno linda en su parte posterior con la subestación eléctrica del barrio.

Una operación que excede a Quilmes

El remate quilmeño es solo una pieza de un plan global de enajenación de bienes estatales. El Poder Ejecutivo nacional sumó a la nómina de subastas terrenos ferroviarios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos superficies en las estaciones Haedo y Delta.

En paralelo, el sector agroindustrial ya compró parcelas en localidades del interior bonaerense y de La Pampa. Las firmas privadas se quedaron con los cuadros de las estaciones Mouras, Barrow, Mariano H. Alfonzo y Lonquimay, espacios que las autoridades nacionales destinaron al desarrollo comercial de las empresas compradoras.

La actual administración profundizó la venta de activos inmobiliarios sin un fin social específico. Los organismos oficiales no establecieron mecanismos legales para reinvertir el dinero recaudado en la mejora del sistema ferroviario: los recursos de estas operaciones ingresan directamente al tesoro nacional.