La jueza que llegó de Costa Rica y el giro que volvió a frenar la causa por los primeros desaparecidos de Mendoza
El juicio por los primeros desaparecidos en democracia de Mendoza parecía encaminado: había fecha para fijar el debate. Pero una decisión de último momento lo volvió a patear, y ahora la Corte Interamericana salió a exigirle al Estado argentino que mueva el expediente. La causa que tuvo de todo, otra vez en el aire.
La causa por los primeros desaparecidos en democracia de Mendoza, Adolfo Garrido (28) y Raúl Baigorria (31), volvió a sufrir un freno inesperado. El juez Héctor Fabián Cortez, del Tribunal Oral Federal 2, se inhibió y dejó sin fecha cierta el inicio del juicio oral, a 36 años de los hechos.
El martes, en la Cancillería argentina, la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Nancy Hernández López se reunió con representantes de la Cancillería y con los abogados de la familia de Baigorria, Enoc Ortiz y Carlos Varela Álvarez, para exigir que el Estado active todos los mecanismos y el debate oral comience cuanto antes.
El encuentro se produjo justo cuando el proceso parecía encaminado: para el 9 de octubre estaba prevista una audiencia para fijar la fecha de inicio del juicio. Pero la inhibición de Cortez obliga ahora a resolver quién ocupará su lugar antes de que la causa pueda avanzar, lo que vuelve incierto el cronograma.
Según supo este medio, el magistrado se apartó por motivos particulares que podrían afectar su desempeño. La decisión generó malestar porque el juez sigue interviniendo en otros expedientes, lo que abrió cuestionamientos sobre su salida solo de esta causa.
Una causa que tuvo de todo
Garrido y Baigorria desaparecieron el 28 de abril de 1990. Ese día fueron detenidos por policías de Mendoza cuando circulaban por el Parque General San Martín, frente a la escuela hogar Eva Perón, y trasladados a la Comisaría 5ta y a la Dirección de Investigaciones. Nunca más se supo de ellos.
La investigación provincial, caratulada como averiguación de paradero, terminó con la destitución del juez Enrique Knoll por mal desempeño: se lo acusó de demorar medidas, rechazar hábeas corpus basándose solo en informes de la propia Policía sospechada y encargar la investigación a integrantes de esa fuerza.
En paralelo, los abogados Carlos Varela Álvarez y Diego Lavado denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que derivó en la Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica. En la reunión del martes en Cancillería, además de Hernández López, participó un representante de la CIDH.
La presión del organismo internacional llevó a que en 2017 se abriera una causa en la Justicia Federal de Mendoza por desaparición forzosa. En 2024 fueron detenidos más de 20 expolicías, fiscales y jueces. De ese universo, el juicio se realizará contra 16 expolicías que hoy siguen detenidos, la mayoría con prisión domiciliaria.
Entre los detenidos estuvo el exjuez Knoll, acusado de contribuir a mantener oculto el destino de las víctimas, pero no irá a juicio por su estado de salud mental. Tampoco llegarán todos los testigos: algunos murieron, los imputados son personas de edad avanzada y también fallecieron familiares de las víctimas. Solo quedan con vida dos hermanos de Baigorria, uno de ellos recuperándose de un ACV.
El giro de Xumek: de querellante a defensor
La ONG Xumek fue clave para que la causa pasara a la Justicia Federal en 2017, cuando impulsó el cambio mediante un pedido de inhibitoria y participó como querellante. Pero en 2024 protagonizó un episodio insólito: tres de sus principales abogados, Sergio Salinas, Lucas Lecour y Francisco Machuca, intervinieron en favor de uno de los imputados, el expolicía Felipe Gerardo Machuca, padre de Francisco.
Lecour lo asistió durante el procedimiento de detención y, dos días después, visitó al detenido junto con Salinas en la Unidad Carcelaria 32. Luego, Francisco Machuca asumió formalmente la defensa de su padre y se realizaron gestiones en beneficio del acusado mediante el usuario judicial de Salinas. El juez Marcelo Garnica consideró que esa intervención generaba una incompatibilidad que alcanzaba a toda la asociación y apartó a Xumek de la querella.
¿Por qué los desaparecieron?
El móvil todavía debe esclarecerse, pero una de las hipótesis apunta al vínculo que Adolfo Garrido habría mantenido con Norberto Ernesto Mercado, entonces subjefe de la Policía de Mendoza. Durante la investigación provincial surgieron testimonios sobre un presunto acuerdo ilegal entre ambos.
Según esas declaraciones, Garrido habría actuado como informante policial y recibido protección a cambio. Otros testimonios describieron un arreglo que incluía información para cometer robos y el reparto del dinero obtenido. La sospecha es que las desapariciones estuvieron relacionadas con algún incumplimiento de ese pacto o con información que Garrido conocía y podía comprometer al jefe policial.
El expediente también recoge detenciones anteriores de Garrido y testimonios que atribuyen a Mercado intervenciones para liberarlo. Una testigo sostuvo que el mismo funcionario había dispuesto su traslado desde el penal mendocino a una cárcel de San Luis, de la que escapó. La Cámara Federal consideró que el presunto acuerdo y sus conflictos ofrecían una explicación posible del móvil al confirmar el procesamiento de Mercado; esa valoración todavía debe discutirse en el juicio.
La imagen principal de esta nota, de un Fiat 1500 en el Parque San Martín, es ilustrativa.
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