La jueza que frenó la baja de imputabilidad y su dura advertencia sobre el encierro

La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, rompió el silencio tras suspender por 60 días la aplicación de la Ley N.º 27.801 en territorio bonaerense. En declaraciones radiales, la magistrada justificó su fallo y advirtió que la falta de infraestructura y recursos estatales impedirá alcanzar los objetivos de seguridad que promete la norma.

Pascual cruzó el discurso triunfalista en torno a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años: «No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero creo que está pésimo que haya como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad si no están los mecanismos para aplicarla».

La magistrada aclaró que no se opone conceptualmente al juzgamiento de adolescentes de 14 años, sino a la privación de la libertad en contextos de hacinamiento e improductividad que, según dijo, terminan exacerbando la violencia.

El peligro del encierro sin recursos

Pascual alertó de manera tajante sobre las consecuencias de encarcelar a jóvenes sin políticas de contención pedagógica o psicológica. «Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito», sostuvo.

«Por un lado, tengo que escuchar a la víctima; por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia», agregó.

Respuesta a Bullrich

La jueza también salió al cruce de las acusaciones del Gobierno nacional, que a través de dirigentes como Patricia Bullrich tildó la resolución de «garantista». «Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente», sentenció.

Finalmente, Pascual explicó que el plazo de 60 días busca forzar un acuerdo operativo entre la Nación y la Provincia para definir supervisores, partidas presupuestarias y condiciones de habitabilidad antes de aplicar las detenciones.