La jueza que condenó a la Argentina por YPF firmó su propia anulación: qué falta para el cierre total

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó este martes la anulación de su propia sentencia contra la Argentina por la estatización de YPF en 2012, en un fallo que deja al país a un paso de cerrar definitivamente un expediente que llegó a amenazar con unos US$16.000 millones.

Con esa orden, la magistrada dio cumplimiento a lo que había resuelto la Cámara de Apelaciones, que ya había revocado la condena millonaria. Su intervención en el caso quedó así concluida.

Qué decía la condena que quedó sin efecto

La resolución de Preska dejó sin efecto su sentencia de 2023, que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones. Sumados los intereses, la cifra superaba los US$18.000 millones.

El caso se tramitó en Nueva York por la expropiación de la petrolera, concretada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El fallo de la Cámara que sostiene la decisión

La medida cumple con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en marzo. En esa instancia, Denny Chin y Beth Robinson votaron por revocar la sentencia de primera instancia al entender que la ley argentina había sido interpretada de forma incorrecta. José Cabranes, en cambio, se pronunció en disidencia.

El tribunal de alzada determinó que la normativa argentina sobre expropiaciones no permite que terceros presenten demandas que interfieran en el procedimiento. También sostuvo que el estatuto de YPF no configura un contrato bilateral entre accionistas que habilite un reclamo por daños.

La vía ordinaria de apelación se agotó en junio, cuando el pleno del tribunal rechazó una solicitud de revisión.

Qué puede reabrir el juicio por YPF

La única puerta que queda abierta es que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte tomar el caso. A principios de octubre, Burford Capital presentó un recurso de certiorari ante el máximo tribunal. El fondo de litigios financia la demanda que iniciaron los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park.

En el escrito, la parte demandante calificó el fallo de la Cámara como "gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes".

Sin embargo, la Corte no está obligada a aceptar el expediente. De las entre 7.000 y 8.000 solicitudes que recibe cada año, suele admitir la revisión de unos 80 casos, y no tiene un plazo fijado para pronunciarse.

En paralelo, y en nombre de las sociedades Petersen, Burford inició un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo que depende del Banco Mundial.