La jueza Pozzer Penzo declaró por Zoom y desató la furia judicial
La jueza federal de Goya declaró por Zoom ante el Consejo de la Magistratura mientras 500 judiciales protestaban en la puerta. ¿Qué decidirá la Comisión de Acusación?
Mientras 500 judiciales copaban la calle, Cristina Pozzer Penzo habló por pantalla. La magistrada federal de Goya enfrenta un jury que podría sacarla del cargo.
En una jornada que prometía definiciones, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación concretó este miércoles 26 la audiencia del artículo 20 del Reglamento de Disciplina contra la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. La funcionaria, acusada de maltrato laboral e irregularidades en la gestión de su juzgado, ejerció su descargo de manera remota, conectándose por Zoom.
El encuentro se desarrolló en el edificio de la calle Libertad 731, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los consejeros escucharon los argumentos de la magistrada. La citación, que había sido resuelta a mediados de julio, es el paso previo para que la Comisión decida si hay mérito para elevar un dictamen de acusación formal al Plenario. De prosperar, se abriría el procedimiento de remoción, más conocido como Jury de Enjuiciamiento, que podría terminar con la suspensión de Pozzer Penzo en su cargo.
¿Qué se le imputa a la jueza?
El expediente principal, el N° 164/2023, fue iniciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). A esa causa se sumaron los expedientes acumulados N° 19/2024, remitido por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, y el N° 37/2024, derivado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia. Todos apuntan a un patrón de conducta que incluye abuso de autoridad, violencia verbal, hostigamiento y una sobrecarga arbitraria de tareas sobre sus subordinados.
Los testimonios recogidos por la prensa nacional y las presentaciones gremiales describen un clima de tensión insostenible en el Juzgado Federal de Goya. Empleados y funcionarios judiciales denunciaron episodios recurrentes que habrían derivado en reiteradas licencias médicas dentro de la sede judicial. La situación escaló al punto de que la propia Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y el Tribunal Oral Federal de la Capital provincial remitieron copias de actuaciones donde se advierten anomalías procedimentales y un ambiente laboral que afectaría el normal funcionamiento del servicio de justicia en el sur provincial.
La manifestación que no fue virtual
Mientras Pozzer Penzo hablaba desde su pantalla, alrededor de 500 trabajadores y delegados de la UEJN se movilizaron hasta la sede porteña del Consejo de la Magistratura. La protesta, encabezada por la cúpula nacional del gremio, tuvo un objetivo claro: exigir el juzgamiento de la magistrada “sin privilegios” y respaldar al personal del Juzgado Federal de Goya.
La modalidad virtual elegida por la jueza para declarar fue uno de los blancos centrales de las críticas. Desde el sindicato, el secretario general nacional Julio Piumato, la secretaria de la Regional 15 Verónica Pérez Zuazquita y la secretaria del Ministerio Público Fiscal Rocío Herrera firmaron un comunicado en el que remarcaron la contradicción: “La contradicción es evidente: cuando quienes denunciaron debían declarar, la presencialidad, la participación de su defensa y las garantías procesales eran invocadas como razones para postergar las audiencias. Ahora, cuando es ella quien debe responder ante el organismo encargado de controlar su conducta, elige la comodidad de la virtualidad”.
Los manifestantes, provenientes de la delegación Corrientes y de distintos juzgados del país, marcharon bajo la premisa de que “la Justicia no puede medir con una vara a los trabajadores y con otra a los magistrados”.
Con la audiencia del artículo 20 ya cumplida, la Comisión de Acusación comenzará a evaluar las pruebas recolectadas, los testimonios y los argumentos de la defensa. El borrador de dictamen que resulte de este análisis definirá si el caso avanza hacia el Plenario y, eventualmente, hacia un jury que podría cambiar el mapa judicial de Corrientes.